Dos farmacias de Girona se han negado a dispensar la píldora del día después

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Dos farmacias gerundenses se han acogido a la objeción de conciencia para no dispensar la píldora del día después, un derecho que esta semana ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. En total, según los datos del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, de entre las 3.100 farmacias que hay en todo el país, catorce establecimientos y diecisiete farmacéuticos son los que se han negado a vender la pastilla postcoital.

El pasado lunes, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia en la cual reconoce el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico de Sevilla que fue sancionado con una multa de 3.300 euros por negarse a dispensar en 2008 la llamada píldora del día después. El TC considera que el farmacéutico no vulneró el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva y que la sanción sí que atentó contra el derecho a la objeción de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa, que la Constitución reconoce en su artículo 16.1.

 

Aún así, la sentencia del Constitucional emitida esta semana rechaza otro motivo de amparo planteado por el mismo farmacéutico, que se negó a dispensar preservativos, al estimar que en este asunto no hay “ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional”. Desde septiembre del 2009, la dispensación de la píldora postcoital se hace sin necesidad de receta médica y directamente a las oficinas de farmacia.

 

Aquel año, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña redactó un documento de recomendaciones con el Departamento de Salud en el cual aconsejaba que “ante cualquier eventualidad que imposibilite o dificulte el acceso al AE (anticonceptivo de emergencia) se adoptarán las medidas necesarias para que la usuaria tenga garantizado este acceso antes de que se agote el plazo de 72 horas, dentro de la cual es efectiva”. Según este documento, en caso de que el farmacéutico objete, el profesional tiene que indicar a la persona que le pide la píldora el punto más próximo donde la puede conseguir y posibilitar que el tratamiento se pueda hacer en tiempo y sin retraso para que no pueda tener consecuencias en las condiciones de eficacia.

 

El documento indica que los farmacéuticos que no quieran vender la pastilla tienen que proponer a la usuaria que se dirija al centro de atención primaria más cercano o bien dirigirse a otra oficina de farmacia próxima. “La objeción de conciencia en el ámbito sanitario, entendido como derecho a la libertad ideológica, no está regulada explícitamente por el ordenamiento jurídico actual”, han recordado fuentes del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña. Si algún profesional sanitario apela al artículo 16.1 de la Constitución sobre libertad ideológica para evitar la dispensación del anticonceptivo de emergencia, “este hecho no puede ser arbitrario y tiene que ser notificado individualmente, con carácter previo y por escrito a su Colegio correspondiente”, han señalado las mismas fuentes.

 

 

“Además se tiene que dispensar el anticonceptivo de emergencia, aunque se haya apelado a la objeción de conciencia, si las alternativas de acceso al medicamento suponen que se agote el plazo de 72 horas, dentro de las cuales es efectiva la píldora”, han añadido. Cuando se puso en marcha la venta de la píldora anticonceptiva sin receta, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, elaboró un listado de objetores en el cual este año figuran 14 oficinas de farmacia y 17 farmacéuticos.

 

“Estos farmacéuticos pueden ejercer este derecho, siempre que no vayan en contra de la correcta asistencia sanitaria porque prevalece el derecho del usuario sobre el farmacéutico objetor”, según el Colegio de Farmacéuticos. En cualquier caso, las farmacias que están en servicio de urgencias o en lugares muy aislados no podrían ejercer el derecho de objeción de conciencia, aunque la píldora también se suministra en las áreas de planificación familiar de los hospitales. Por su parte, la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares ha anunciado que pedirá saber cuáles son las catorce farmacias catalanas que han objetado la dispensación de esta pastilla para “animar la ciudadanía a hacerles boicot”

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