(EP) El Gobierno catalán debe comunicar al de Aragón como muy tarde el día 25 de julio de 2017 el modo en que va a proceder al traslado de los bienes y la hora de llegada al monasterio.
Así se precisa en un auto emitido por este juzgado, en el que señala que el objetivo es que se puedan adoptar las medidas necesarias y esta acción pueda ser controlada por la técnico designada por el Gobierno de Aragón.
El auto advierte de que «si en esa fecha los bienes no han vuelto, se deducirá testimonio por desobediencia para que procedan los Tribunales de Justicia conforme a derecho».
El auto fija la posibilidad de impugnarlo mediante un recurso de reposición en el plazo de cinco días ante el mismo tribunal. Además, en los fundamentos jurídicos del mismo el juzgado rechaza la pretensión de la Generalidad de Cataluña de plantear un incidente de ejecución.
También subraya que la Constitución española atribuye a los jueces y tribunales la función de ejecutar lo juzgado, impone el deber de cumplimiento de las resoluciones judiciales y el de colaboración en su ejecución, así como reconocer a quienes imploran la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos y el derecho a la ejecución de tales resoluciones judiciales.
Hasta ahora Cataluña se ha negado a acatar las sentencias
El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, municipio donde está situado el monasterio, ha explicado en una nota de prensa que un auto anterior del 4 de julio de 2016 ya se pedía a la Generalidad que debía trasladar al Gobierno de Aragón y a la perito nombrada por el juzgado, antes del día 20 de julio de 2016, un plan de traslado y transporte de esos bienes.
El Consejero de Cultura catalán contestó al poco tiempo que no lo podían cumplir y, ahora, pasado casi un año, el juzgado vuelve a requerir de nuevo a la Generalitat a través de un auto que entregue ese plan antes del 25 de julio de 2017, ha relatado.
Español ha recalcado que en esta ocasión se añade «la importante advertencia y apercibimiento de que, de no hacerlo así, el juzgado deducirá directamente testimonio al Ministerio Fiscal por la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial».
El abogado ha estimado que la Generalidad, «ante este segundo y terminante requerimiento, presentará en plazo el plan de transporte de las piezas que están en el Museo de Lérida, pues, si no lo hace, aparte de deducirse el referido testimonio al Ministerio Fiscal, no habría más remedio que enviar a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial a incautar las piezas y trasladarlas en un camión especializado al Monasterio de Sijena».
Español ha deseado que esta última medida «no sea necesaria» y que la Generalidad cumpla «con todo cuanto el juzgado le ha ordenado en legítimo uso y ejercicio de la independencia del poder judicial sobre el poder ejecutivo».
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