(Catholic Herald) Temprano en la mañana del 9 de agosto, el Senado de Argentina derrotó firmemente una medida para legalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. (Su ley actual permite el aborto en casos de violencia sexual y en caso de riesgo por la salud de la madre).
El intenso debate, tanto en la cultura en general como en la cámara del Senado, a menudo invocaba un proceso similar que tuvo lugar recientemente en Irlanda, un país con raíces similarmente católicas.
Hay muchas comparaciones instructivas entre cómo se desarrolló el proceso en estos dos países.
Sesgo de los medios
Los activistas por el aborto legal, tanto en Irlanda como en el extranjero, usaron la muerte de Salapita Halappanavar en 2012 para abogar por el final de la Octava Enmienda irlandesa que protege a los niños prenatales. Aunque las investigaciones independientes, incluida la investigación forense, encontraron que Halappanavar murió como resultado de una negligencia relacionada con una sepsis no diagnosticada, los activistas rechazaron la falsa afirmación de que ella murió debido a la ley irlandesa que prohíbe el aborto.
Los medios y los políticos aceptaron esta versión de la historia. El resultado fue una victoria abrumadora para legalizar el aborto, con dos tercios de los irlandeses votando para derogar la Octava Enmienda y protección legal para los niños prenatales.
Los activistas del aborto, tanto en Argentina como en el extranjero, usaron el asesinato en 2015 de una niña de 14 años cuyo novio aparentemente la golpeó hasta la muerte por quedar embarazada e intentó cambiar la ley argentina que protege a los niños no nacidos.
La diferencia fue que una diversidad de opiniones sobre el aborto en los medios de comunicación, y especialmente en la clase política, contribuyó a un debate real entre quienes tienen el poder en Argentina.
Poderosas mujeres pro-vida
Los activistas del aborto tanto en Irlanda como en Argentina fueron ayudados por líderes masculinos que, aunque afirmaban ser antiaborto, «cambiaron» sus puntos de vista por razones poco claras y posiblemente dudosas.
El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, hizo campaña contra el aborto pero cambió su punto de vista no solo como impulso para revocar la Octava Enmienda, sino también cuando se vio envuelto en una controversia cuando se reveló que muchas mujeres irlandesas murieron de cáncer de cuello uterino.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, un conservador que se describió a sí mismo como pro-vida, sin embargo señaló que si el Senado hubiera votado a favor de la ley del aborto, habría dejado que se convirtiera en ley al no vetarla. La diferencia en Argentina fue que las poderosas mujeres pro-vida en la legislatura llamaron a su jefe de gobierno.
La senadora Silvina García Larraburu, por ejemplo, cambió explícitamente su voto por antiaborto y acusó a Macri de intentar distraer la atención de la turbulenta economía del país y la falta de apoyo social para las mujeres. La senadora Marta Varela también destacó la hipocresía de afirmar estar por los «derechos de las mujeres», mientras que muchas mujeres sufren a causa de la pésima salud y los servicios sociales.
La senadora Silvia Giacoppo denunció el eufemismo «Interrupción voluntaria del embarazo» (el nombre de la moción ante el Senado), señalando que «interrupción» significa que algo puede reanudarse más tarde. Incluso la Vicepresidenta Gabriela Michetti salió en contra de la ley.
La amnistía interfiere
The New York Times, junto con otros medios de comunicación, dieron la impresión de que se trataba de algún tipo de reacción católica contra un movimiento popular por los derechos de aborto. Pero hace ocho años, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, una medida que el propio Times señaló que la Iglesia Católica «luchó con un vigor similar a su batalla contra el aborto, organizando protestas que involucran a miles de personas», lo que ha demostrado claramente que no se basará simplemente en lo que dicen sus obispos católicos y otros sacerdotes.
También es difícil argumentar que se trató de un movimiento de aborto de base cuando las ONG del Occidente desarrollado, como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia, estuvieron tan involucradas en impulsar la legislación. De hecho, Amnistía Internacional incluso sacó un costoso anuncio de página completa en The New York Times en apoyo de la legislación, afirmando siniestramente que «el mundo está mirando».
Por «el mundo», Amnistía parece significar el Occidente desarrollado, y su activismo abortista, es un ejemplo clásico de imperialismo neocolonial en una cultura con una comprensión muy diferente del bien.
Cifras cuestionables
Grupos como Amnistía intentaron inflamar las preocupaciones comprensibles sobre el número de muertes por aborto ilegal que supuestamente tienen lugar en Argentina. Otro defensor de la ley, el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, afirmó que se realizan 354,000 abortos clandestinos cada año, pero hay buenas razones para dudar de este número, y especialmente dado que es aproximadamente la mitad del total de nacidos vivos en Argentina. Estados Unidos es uno de los países con mayor tolerancia al aborto en el mundo y tiene una tasa de aborto de solo una cuarta parte del total de nacidos vivos.
Por contexto, puede ser instructivo recordar que uno de los padres fundadores del derecho al aborto en los Estados Unidos, el ex presidente de NARAL, Bernard Nathanson, admitió que simplemente fabricaron números sobre el número de mujeres que morían a causa del aborto ilegal para ganarse la simpatía de su agenda de derechos al aborto.
Aunque es difícil saber cuántas de esas muertes son resultado del aborto ilegal, es, por supuesto, profundamente preocupante que Argentina tenga una tasa de mortalidad materna de 50 por cada 100.000 nacidos vivos. La mayoría de los países desarrollados tienen una tasa menor a 10, a excepción de los Estados Unidos, que ha visto su tasa de inflación a 26.4.
Pero para dar este contexto numérico, se debe comparar a Argentina, no a los países occidentales permisivos al aborto, sino a los países de la región. Considere que el vecino Chile, que tiene leyes de aborto igualmente restrictivas, tiene una tasa de mortalidad materna de solo 20.5 y de hecho vio bajar esta tasa después de moverse para restringir el aborto de manera dramática. Esto da credibilidad a los argumentos de las senadoras argentinas de que el activismo abortista servía como cortina de humo para los problemas genuinos de su país: corrupción y falta de atención médica y otros servicios sociales para las mujeres.
Volviendo a Irlanda, aunque habían prohibido casi todos los abortos, la tasa de mortalidad materna irlandesa era apenas 4.7 veces la del Reino Unido que permitía el aborto, que llegó a 9.2. Que los grupos activistas del aborto, incluida una fuerte presencia de Amnistía Internacional, fueron aún más fervientes al impulsar su agenda en Irlanda plantea dudas sobre si el enfoque en la mortalidad materna en Argentina era genuino.
A diferencia de Irlanda, Argentina pudo resistir las tácticas neocoloniales de grupos activistas externos y mantenerse fiel a sus valores. Su valiente ejemplo puede parecer importante a medida que se utilicen tácticas similares para impulsar los derechos al aborto en otros países de América Latina en los próximos meses y años.
Camosy es profesor asociado de ética teológica y social en la Universidad de Fordham.
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