Gelpí emitió una orden en la que recuerda a los municipios demandados que el 21 de marzo pasado decidió que los adeptos de la secta tienen derecho a poder entrar a las comunidades para poder llevar su mensaje dado que las carreteras son públicas, y que debían proveerles “beepers”, dispositivos o claves de entrada para lograr acceso a las comunidades. El juez recalcó que de no cumplir con la orden, los municipios se exponían a una multa de 100 dólares diarios.
“Simplemente no se puede argumentar que los municipios demandados no sabían de la sanción de $100 diarios. Los demandantes sometieron una moción para que se impongan las multas a los municipios de Bayamón, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Ponce y Trujillo Alto. Algunos municipios que enfrentan sanciones alegaron que actuaron de buena fe o que no pudieron cumplir a tiempo con la orden, por lo que no deben ser sancionados. La corte no encuentra mérito en esos argumentos”, lee la decisión de Gelpí, que no encontró incumplimiento por parte de los municipios de San Juan y Caguas.
La multa de Bayamón es de 1.900 dólares por tardar 19 días en cumplir, mientras que la sanción de Dorado es de 1.400 dólares por tardar 14 días. Guaynabo enfrenta una multa de 8.800 dólares por estar 88 días tarde, mientras que Gurabo deberá pagar 1.400 dólares por 14 días. Trujillo Alto enfrenta una multa de 4.800 dólares por estar 48 días tarde. La suma más alta le corresponde a Ponce, de 11.600 dólares por 116 días sin cumplir.
El juez agregó que el municipio de Guaynabo argumentó que los testigos de Jehová estaban solicitando la imposición de las multas para su beneficio económico, lo que Gelpí catalogó como “inapropiado”. Destacó que la corte es la que establece a dónde va el dinero, no las partes, y que “actuó de mala fe”. Los municipios deberán depositar la cantidad de la multa en una cuenta como garantía, según dicta la orden.
La demanda de los testigos de Jehová reclamando acceso a las comunidades cerradas que no cuentan con guardias de seguridad se remonta al año 2004. Recientemente, se incluyeron en el pleito a los municipios de Santa Isabel, Vega Baja y Yauco como demandados.
Los municipios se rebelan
Como un balde de agua fría les cayeron a varios municipios las multas que les impuso el juez federal Gustavo Gelpí por incumplir con la orden de abrir las urbanizaciones con control de acceso para permitir el paso de feligreses de los testigos de Jehová, tal como cuenta Keila López Alicea en El Nuevo Día. “No voy a pagar la multa”, señaló el alcalde de Bayamón, Ramos Luis Rivera Cruz. La administración municipal de la Ciudad del Chicharrón recibió una multa de 1,900 dólares.
Las sanciones responden a que estos municipios se pasaron de la fecha límite para completar la entrega de los métodos de entrada para todas sus urbanizaciones cerradas, explicó la directora de la División Legal del Municipio de Guaynabo, Denisse Rodríguez. “El Municipio de Guaynabo está en cumplimiento con la orden del tribunal desde el 15 de julio de 2013. Sin embargo, el tribunal acaba de imponer multas retroactivas desde el 15 de julio hacia atrás, hasta la fecha del 17 de abril de 2013”, señaló Rodríguez. La multa para Guaynabo es de 8.800 dólares.
Del mismo modo, el ejecutivo municipal de Bayamón sostuvo que ya cumplió con la orden del juez y calificó de injusta la sanción al asegurar que tardaron en cumplir con la orden por peticiones de la parte demandante. “Originalmente, nosotros teníamos todas las claves (de entrada), nosotros cogimos las claves de las 51 urbanizaciones. De momento, los testigos de Jehová se echaron para atrás y dijeron que, además de la clave, ellos querían los ‘beepers’ también. Las urbanizaciones ya habían dado la clave y al regresar al pedir el ‘beeper’ eso complicó la cosa y pasaron varios días adicionales”, sostuvo Rivera Cruz.
Según la orden judicial, el municipio de Bayamón se tardó 19 días adicionales en cumplir con la entrega de los accesos a las urbanizaciones. “Por ahora no vamos a pagar la multa porque ya nosotros entregamos todos los ‘beepers’ y ahora mismo hay una petición de reconsideración ante el Tribunal (de Apelaciones) de Boston. Segundo, le voy a pedir a los abogados nuestros que revisen lo que se puede hacer para decirle al Tribunal que si nos tomó unos días adicionales no fue por culpa nuestra”, expresó Rivera Cruz.
Asimismo, el Municipio de Gurabo -que recibió una multa de 1.400 dólares- está atento a las revisiones que se han solicitado en este pleito. “El Gobierno Municipal de Gurabo recibió la orden del honorable juez Gelpí y, aunque no compartimos la decisión, respetará y obedecerá toda decisión judicial. Cabe señalar, que estos puntos de derecho se encuentran bajo revisión apelativa en dos tribunales: el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Primer Circuito en Boston”, indicó el asesor legal de Gurabo, Pedro Vázquez.
Otro municipio que evalúa sus acciones ante la decisión judicial es Ponce, el cual recibió una multa de 11.600 dólares, la más alta entre los seis municipios. La tardanza de la administración municipal ponceña en cumplir con la orden de Gelpí fue debido a que las asociaciones de residentes de cuatro urbanizaciones se negaban a entregar sus claves, llaves o ‘beepers’ para que los adeptos de la secta pudieran entrar, explicó la directora de la División Legal de Ponce, Carmen Edith Torres.
“Vamos a revisar los méritos de la orden del juez. Veremos qué remedios tenemos y vamos a revisar también qué acciones podemos tomar en términos de las urbanizaciones”, indicó Torres. Al igual que los demás municipios, Ponce ya está en cumplimiento con la orden de garantizar acceso a los miembros de esta secta a las comunidades cerradas. “En el municipio se ha adoptado un protocolo de intervención por si pasaba algo con algún feligrés de esta congregación y, hasta donde tenemos información, todo ha transcurrido bien. No ha habido problemas de acceso”, sostuvo Torres.
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