Les comentábamos en un anterior editorial, Lo que hemos retrocedido , que siendo obviamente malos los efectos de la crisis habrían resultado perfectamente soportables si sus consecuencias se hubieran redistribuido mejor, sobre todo en los económicamente peor situados. En realidad, hemos retrocedido a una renta nacional intermedia entre la de los años 2006 y 2007, y entonces no estábamos nada mal. Creemos que a partir de esta evidencia podían -se pueden- diseñar mejores políticas, más racionales que las actuales y mucho más humanas.
La primera, obviamente, era y es distribuir mejor los daños. Para esto se dispone de diversas vías. La más ortodoxa, una reforma fiscal completa y seria, y no el apaño electoral que ha concebido el Gobierno. Otra previa y complementaria, el mover a una economía de solidaridad y reciprocidad al vértice de la pirámide de ingresos reales, tanto de rentas del trabajo como del capital. Una campaña previa a la reforma fiscal, la de la Aportación Social Voluntaria, dirigida sobre todo al 10% con mayores ingresos y patrimonio. Sería posible así testar si existe conciencia de solidaridad y reciprocidad, o por el contrario todo debe fiarse al justicialismo fiscal más riguroso.
Un segundo tipo de medidas, y ahí la ocasión perdida es trágica, guardan relación con el mantenimiento de los puestos de trabajo y de los hogares. El daño ha sido brutal y además en los cimientos de la sociedad: casa y salario. Podían haber diseñado, en parte todavía se puede, políticas semejantes a las desplegadas en Alemania para reducir el salario que paga la empresa, complementándolo con la aportación pública y reduciendo la capacidad productiva, para así mantener los lugares de trabajo. Esto a la corta y a la larga hubiera sido más rentable, y sus consecuencias perfectamente asumibles. También, una parte de los recursos que se han aportado a los bancos podían dirigirse a las familias que no lograban pagar su hipoteca, para salvar así su hogar, y transformar en solvente el crédito que ya no lo era. A partir de esta doble base, la caída del consumo habría sido algo menor, y sobre todo la recuperación mucho más rápida. En esta misma línea, continúa siendo irracional –retoques incluidos- una legislación sobre el hogar hipotecado -pensada sobre todo para el mal pagador ocasional– para aplicarla a una situación de necesidad social masiva.
El tercer tipo de medidas atañen a la reorganización de las Administraciones Públicas, ancladas en un modelo parcheado pero que en su naturaleza corresponde a principios del siglo pasado. Una reforma dirigida a preservar las prestaciones finales en servicios básicos: sanidad, enseñanza, dependencia y defensa, y reduciendo los costes intermedios, a la vez que se introducen indicadores anuales de productividad y eficiencia, era y es la respuesta. Hay ahí un yacimiento de ahorro que solo la desidia y el cooperativismo impide abordar.
Un tercer tipos de políticas, prácticamente inéditas, son las dirigidas a reducir los costes sociales que determinan un mayor gasto público para atender a sus efectos, y que a su vez generan costes de oportunidad al impedir que aquellos recursos paliativos se apliquen a mejorar servicios, o producir más y mejor. Actuar en la prevención de las causas de costes sociales, evitar las políticas absurdas que los fomentan, es decisivo. Este es otro gran yacimiento de nuevas políticas.
Por último y tan olvidadas como el tipo de política precedente, se refiere al papel de la familia en el crecimiento económico, la ocupación y el bienestar. Están por legislar las medidas que potencien todas estas funciones familiares. De la misma manera -salvando las distancias dada su distinta naturaleza- que la empresas tienen una legislación que se busca que esté bien ajustada a sus funciones reales, la familia debería contar con un enfoque equivalente, como por ejemplo potenciar su capacidad educativa o legislar mecanismos para que, antes de entrar en quiebra, pudiera recurrir a soluciones intermedias, por citar dos casos concretos.
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