Después de los máximos alcanzados en el 2005 por efecto de la ley Zapatero, cuando fueron 155.524 divorcios en un año, su número disminuyó y se mantuvo constante, ligeramente por debajo de los 125.000, que continua siendo una barbaridad, lo que nos ha convertido en uno de los países con más divorcios del mundo, por delante del mitificado emporio estadounidense del divorcio.
Ahora, unos dicen que como efecto de la mejora económica ha vuelto a remontar creciendo un 12,5% en relación al mismo trimestre del año pasado. La cifra ya se aproxima a aquel máximo de la explosión ‘divorciante’ de Zapatero, solo que ahora sucede con el PP. Nada nuevo bajo el sol.
Y es una muy mala noticia que uno de los pocos aspectos vivenciales donde se note la mejora económica sea precisamente este, la ruptura, en el supuesto, claro está, de que la correlación entre divorcio y situación económica sea acertada.
El divorcio es negativo para la felicidad de muchas personas, porque consensuado o conflictivo daña a las personas, y sobre todo en el segundo caso, que se da en casi cuatro de cada diez divorcios, pero además destruye la capacidad de recuperación económica, y de mantenimiento del estado del bienestar, algo que instituciones y sociedad parece haber olvidado. Para que un país vaya bien no basta con que lo hagan bien las empresas, sino que se necesita del buen funcionamiento de las familias, porque estas desempeñan funciones clave en el crecimiento económico y en el bienestar que el divorcio rompe, con poderosos efectos negativos a corto plazo sobre los adultos, y a medio y largo plazo sobre los hijos.
Precisamente, me encuentro en la recta final de una investigación sobre un tema que comprende esta y otras cuestiones, se trata de cómo incide la familia en la función de crecimiento económico, por una parte, y su aportación en la sostenibilidad del sistema de bienestar social por otra.
A estas alturas y con el volumen de datos disponibles es imposible obviar por más tiempo la realidad de que la familia es clave sobre el crecimiento, porque actúa directamente a través de la formación de capital humano en su doble efecto, nivel y tasa, y por consiguiente por esta vía también incide sobre el progreso técnico, así como lo hace, por otra parte, en la formación de capital. También resulta decisivo para el capital social de los sujetos afectados, el localizado en la pareja o la familia, que queda muy mermado.
El divorcio destruye la gran parte de la capacidad de la familia para incidir positivamente en la marcha de la economía, y además genera importantes costes sociales. Este concepto nada tiene que ver con una idea moral. Se trata simplemente de que determinados comportamientos, acciones humanas, generan en los demás unos costes –unos daños- que deben ser asumidos. Es el caso de la contaminación, por ejemplo, pero en la actividad social también se producen estos costes sociales, que castigan directamente a la comunidad -lo pagan los demás- y se transforman en un coste público en la medida en que lo asume en parte la administración. Este coste público a su vez tiene lo que se llama un coste de oportunidad, es decir lo que la administración gasta en afrontarlo. Por ejemplo, el coste de los alumnos repetidores no puede dedicarse a otras actividades de mejor uso, como contratar más profesores.
El divorcio es portador de grandes costes sociales. Sumando esta evidencia a la de su impacto negativo sobre el crecimiento no se entiende porque la sociedad, los poderes públicos, incluso el mundo académico, concentra toda su atención sobre la ruptura y como hacerla más fácil, incentivarla, en lugar de conocer mejor su impacto y estudiar medidas para prevenirla, disuadirla, o hacerla lo menos costosa socialmente. A veces pienso que Plutarco tenía razón y que los dioses ciegan a quienes quieren perder.
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