Editorial: Lecciones de la naturaleza, ¿hasta cuándo? El territorio nacional e...

Editorial: Lecciones de la naturaleza, ¿hasta cuándo?



El

territorio nacional en poco tiempo pasa de una catástrofe a otra. Aún no se

reponía del anterior desastre natural cuando los medios de comunicación dieron

cuenta, por partida doble, de impresionantes fenómenos de la naturaleza, como

el paso simultáneo de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”. De un extremo al otro,

México pasó de una histórica sequía –que arrasó con la ganadería de los estados

del norte–, a lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento de presas,

ríos y lagunas, con decenas de millares de damnificados, un lamentable número

de decesos, así como pérdidas económicas aún no cuantificadas, pero que ya

incidieron de forma negativa en el crecimiento del país.



Los

fenómenos naturales que padecemos actualmente los mexicanos no desaparecerán en

el futuro, por el contrario, aumentarán, toda vez que nuestra ubicación

geográfica y los más de 11 mil kilómetros de litorales nos ponen en un

inevitable riesgo ante los acontecimientos meteorológicos y el cambio climático

que venimos sufriendo, amén de que nuestro territorio está situado entre los

dos océanos más grandes del mundo. A causa del calentamiento global, México

será testigo de más sequías en el norte, de un aumento del nivel del mar, de

inundaciones en el sur y de una mayor escasez de agua en el centro. Nada nuevo,

simplemente nuestros males se seguirán incrementando.



Frente

a esto, mucho de la tragedia que estamos viviendo, es consecuencia del cambio

climático, aunque cabría preguntarse: ¿qué es lo que sí pudo haberse prevenido?,

o más aún ¿qué medidas dejaron de aplicar las autoridades por negligencia,

corrupción o por una total falta de previsión?



A

sabiendas de que vastas regiones del territorio nacional son susceptibles de

ser dañadas por la naturaleza, a estas alturas es deplorable que las

autoridades de los distintos niveles sólo traten de eludir responsabilidades,

culpándose unas a otras, en lugar de poner en marcha acciones efectivas

encaminadas a salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas que habitan

en lugares de alto riesgo, sea cerca de lagunas, a orillas de los ríos o en

terrenos que no son aptos para la construcción.



Lo

anterior, puso de manifiesto –una vez más– la ya intolerable corrupción de

autoridades federales, estatales y municipales, y la voracidad de empresas

constructoras que, sin la mínima ética y responsabilidad, anteponen sus

negocios e intereses a la seguridad de las viviendas que autorizan y

construyen, poniendo en riesgo la vida de millones de personas, la mayor parte

de ellas gente pobre, que son los que siempre terminan pagando las

consecuencias.



Cuando

se transmiten por televisión y se difunden en los periódicos las imágenes de

incontables puentes derribados, tramos de autopistas y carreteras destruidos

por los deslaves, presas dañadas estructuralmente, así como otras obras

afectadas –donde para construirlas se utilizaron materiales de ínfima calidad–,

queda claro que detrás de los procesos de licitación existen groseros actos de

corrupción.



La

población no espera excusas de parte de las autoridades, sino respuestas. Una

de éstas puede ser que se sienten las bases para aprender de las dolorosas

experiencias del pasado, como debió ocurrir al menos desde 1997, con el

tristemente célebre huracán “Paulina”. Aquí vale la pena proponer una

vigilancia permanente para la correcta aplicación de los recursos destinados a

las áreas de protección civil de estados y municipios, fondos que se

presupuestan año con año y que muchas veces van a los bolsillos de funcionarios

corruptos.



En

vez de lo anterior, los recursos deberán utilizarse con sensatez para diseñar estrategias

dirigidas a proteger la integridad física y la vida de las personas, valiéndose

–además–, de la pericia profesional en materia de protección civil.



Ha

sido ejemplar la solidaridad del pueblo de México, que envía en cada catástrofe

su generosa ayuda a los hermanos damnificados, pero sabemos que siempre será

insuficiente y que queda pendiente el camino fatigoso de la reconstrucción,

responsabilidad que el gobierno no debe evadir.





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