Editorial: Lecciones de la naturaleza, ¿hasta cuándo?
El
territorio nacional en poco tiempo pasa de una catástrofe a otra. Aún no se
reponía del anterior desastre natural cuando los medios de comunicación dieron
cuenta, por partida doble, de impresionantes fenómenos de la naturaleza, como
el paso simultáneo de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”. De un extremo al otro,
México pasó de una histórica sequía –que arrasó con la ganadería de los estados
del norte–, a lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento de presas,
ríos y lagunas, con decenas de millares de damnificados, un lamentable número
de decesos, así como pérdidas económicas aún no cuantificadas, pero que ya
incidieron de forma negativa en el crecimiento del país.
Los
fenómenos naturales que padecemos actualmente los mexicanos no desaparecerán en
el futuro, por el contrario, aumentarán, toda vez que nuestra ubicación
geográfica y los más de 11 mil kilómetros de litorales nos ponen en un
inevitable riesgo ante los acontecimientos meteorológicos y el cambio climático
que venimos sufriendo, amén de que nuestro territorio está situado entre los
dos océanos más grandes del mundo. A causa del calentamiento global, México
será testigo de más sequías en el norte, de un aumento del nivel del mar, de
inundaciones en el sur y de una mayor escasez de agua en el centro. Nada nuevo,
simplemente nuestros males se seguirán incrementando.
Frente
a esto, mucho de la tragedia que estamos viviendo, es consecuencia del cambio
climático, aunque cabría preguntarse: ¿qué es lo que sí pudo haberse prevenido?,
o más aún ¿qué medidas dejaron de aplicar las autoridades por negligencia,
corrupción o por una total falta de previsión?
A
sabiendas de que vastas regiones del territorio nacional son susceptibles de
ser dañadas por la naturaleza, a estas alturas es deplorable que las
autoridades de los distintos niveles sólo traten de eludir responsabilidades,
culpándose unas a otras, en lugar de poner en marcha acciones efectivas
encaminadas a salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas que habitan
en lugares de alto riesgo, sea cerca de lagunas, a orillas de los ríos o en
terrenos que no son aptos para la construcción.
Lo
anterior, puso de manifiesto –una vez más– la ya intolerable corrupción de
autoridades federales, estatales y municipales, y la voracidad de empresas
constructoras que, sin la mínima ética y responsabilidad, anteponen sus
negocios e intereses a la seguridad de las viviendas que autorizan y
construyen, poniendo en riesgo la vida de millones de personas, la mayor parte
de ellas gente pobre, que son los que siempre terminan pagando las
consecuencias.
Cuando
se transmiten por televisión y se difunden en los periódicos las imágenes de
incontables puentes derribados, tramos de autopistas y carreteras destruidos
por los deslaves, presas dañadas estructuralmente, así como otras obras
afectadas –donde para construirlas se utilizaron materiales de ínfima calidad–,
queda claro que detrás de los procesos de licitación existen groseros actos de
corrupción.
La
población no espera excusas de parte de las autoridades, sino respuestas. Una
de éstas puede ser que se sienten las bases para aprender de las dolorosas
experiencias del pasado, como debió ocurrir al menos desde 1997, con el
tristemente célebre huracán “Paulina”. Aquí vale la pena proponer una
vigilancia permanente para la correcta aplicación de los recursos destinados a
las áreas de protección civil de estados y municipios, fondos que se
presupuestan año con año y que muchas veces van a los bolsillos de funcionarios
corruptos.
En
vez de lo anterior, los recursos deberán utilizarse con sensatez para diseñar estrategias
dirigidas a proteger la integridad física y la vida de las personas, valiéndose
–además–, de la pericia profesional en materia de protección civil.
Ha
sido ejemplar la solidaridad del pueblo de México, que envía en cada catástrofe
su generosa ayuda a los hermanos damnificados, pero sabemos que siempre será
insuficiente y que queda pendiente el camino fatigoso de la reconstrucción,
responsabilidad que el gobierno no debe evadir.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512921915448055.1073742
El
territorio nacional en poco tiempo pasa de una catástrofe a otra. Aún no se
reponía del anterior desastre natural cuando los medios de comunicación dieron
cuenta, por partida doble, de impresionantes fenómenos de la naturaleza, como
el paso simultáneo de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”. De un extremo al otro,
México pasó de una histórica sequía –que arrasó con la ganadería de los estados
del norte–, a lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento de presas,
ríos y lagunas, con decenas de millares de damnificados, un lamentable número
de decesos, así como pérdidas económicas aún no cuantificadas, pero que ya
incidieron de forma negativa en el crecimiento del país.
Los
fenómenos naturales que padecemos actualmente los mexicanos no desaparecerán en
el futuro, por el contrario, aumentarán, toda vez que nuestra ubicación
geográfica y los más de 11 mil kilómetros de litorales nos ponen en un
inevitable riesgo ante los acontecimientos meteorológicos y el cambio climático
que venimos sufriendo, amén de que nuestro territorio está situado entre los
dos océanos más grandes del mundo. A causa del calentamiento global, México
será testigo de más sequías en el norte, de un aumento del nivel del mar, de
inundaciones en el sur y de una mayor escasez de agua en el centro. Nada nuevo,
simplemente nuestros males se seguirán incrementando.
Frente
a esto, mucho de la tragedia que estamos viviendo, es consecuencia del cambio
climático, aunque cabría preguntarse: ¿qué es lo que sí pudo haberse prevenido?,
o más aún ¿qué medidas dejaron de aplicar las autoridades por negligencia,
corrupción o por una total falta de previsión?
A
sabiendas de que vastas regiones del territorio nacional son susceptibles de
ser dañadas por la naturaleza, a estas alturas es deplorable que las
autoridades de los distintos niveles sólo traten de eludir responsabilidades,
culpándose unas a otras, en lugar de poner en marcha acciones efectivas
encaminadas a salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas que habitan
en lugares de alto riesgo, sea cerca de lagunas, a orillas de los ríos o en
terrenos que no son aptos para la construcción.
Lo
anterior, puso de manifiesto –una vez más– la ya intolerable corrupción de
autoridades federales, estatales y municipales, y la voracidad de empresas
constructoras que, sin la mínima ética y responsabilidad, anteponen sus
negocios e intereses a la seguridad de las viviendas que autorizan y
construyen, poniendo en riesgo la vida de millones de personas, la mayor parte
de ellas gente pobre, que son los que siempre terminan pagando las
consecuencias.
Cuando
se transmiten por televisión y se difunden en los periódicos las imágenes de
incontables puentes derribados, tramos de autopistas y carreteras destruidos
por los deslaves, presas dañadas estructuralmente, así como otras obras
afectadas –donde para construirlas se utilizaron materiales de ínfima calidad–,
queda claro que detrás de los procesos de licitación existen groseros actos de
corrupción.
La
población no espera excusas de parte de las autoridades, sino respuestas. Una
de éstas puede ser que se sienten las bases para aprender de las dolorosas
experiencias del pasado, como debió ocurrir al menos desde 1997, con el
tristemente célebre huracán “Paulina”. Aquí vale la pena proponer una
vigilancia permanente para la correcta aplicación de los recursos destinados a
las áreas de protección civil de estados y municipios, fondos que se
presupuestan año con año y que muchas veces van a los bolsillos de funcionarios
corruptos.
En
vez de lo anterior, los recursos deberán utilizarse con sensatez para diseñar estrategias
dirigidas a proteger la integridad física y la vida de las personas, valiéndose
–además–, de la pericia profesional en materia de protección civil.
Ha
sido ejemplar la solidaridad del pueblo de México, que envía en cada catástrofe
su generosa ayuda a los hermanos damnificados, pero sabemos que siempre será
insuficiente y que queda pendiente el camino fatigoso de la reconstrucción,
responsabilidad que el gobierno no debe evadir.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512921915448055.1073742
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