San Salvador – Dos marchas tuvieron lugar ayer por la mañana en las calles de la capital de El Salvador, ambas se dirigieron a la Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados la aprobación de una ley general de aguas y la modificación del artículo 2 de la Constitución: reconocer el derecho humano al agua.
La primera marcha salió de la Universidad de El Salvador, dirigida por el Rector Roger Arias, seguida por docenas de estudiantes y empleados de la institución. La otra fue convocada por una coordinación integrada por la Iglesia Católica e iglesias históricas, organizaciones para la defensa de los derechos humanos al agua y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas .
La "mega marcha por la defensa del agua" presentó una propuesta, según la nota enviada a la Agencia Fides: la petición de que los diputados reanuden el debate sobre los 92 artículos de la ley general sobre el agua, ya examinada por los diputados en el ejerciocio anterior .
Un grupo de manifestantes, pertenecientes a organizaciones religiosas y sociales, entregó a los diputados un documento con 200,000 firmas pidiéndoles que no privaticen el agua y aprueben la legislación sobre el tema. Este grupo partió de la plaza de la Catedral Metropolitana, donde el Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas, explicó el propósito de la movilización, acompañado por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. "Durante más de una década la gente ha pedido la aprobación urgente de una ley general de aguas ... ahora las mismas personas están cansadas de la falta de compromiso y voluntad de legislar sobre el agua", dijo el Obispo Escobar Alas.
La declaración del grupo de manifestantes, leída por Monseñor Escobar Alas, subraya: "nuestro país atraviesa una profunda crisis ambiental que tiene un impacto en la crisis del agua, una crisis reconocida y científicamente documentada que afecta a todos los salvadoreños pero a mucha más a la gente en condiciones de pobreza". No es la primera vez que la Iglesia se moviliza por estos motivos: el año pasado se aprobó una ley, apoyada por la Iglesia, para prohibir la extracción de metales .
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