La convocatoria de manifestación unió a evangélicos, católicos y fieles de otras religiones en defensa de lo que todos calificaron como "familia tradicional" y a favor de la vida y la libertad religiosa. Según la policía, salieron a la calle alrededor de 40.000 personas, pero la organización habla de unas 70.000.
La protesta, la segunda en menos de 15 días, también iba dirigida contra el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. En el primer acto, el 27 de mayo, los organizadores consiguieron reunir en Río de Janeiro a más de 100.000 personas.
Los manifestantes recorrieron la céntrica Explanada de los Ministerios, una amplia avenida de la capital en la que están ubicados todos los edificios de poder público, y se concentraron al final de la manifestación frente al Congreso nacional
"El derecho de una madre que no quiere abortar"
Por una parte, la protesta estaba dirigida contra la reforma del Código Penal que se tramita en el Senado y que contempla la legalización del aborto en cualquier hipótesis siempre que se lleve a cabo en los tres primeros meses de embarazo.
Con la nueva ley, las mujeres tendrían derecho a abortar en centros médicos y privados en los tres primeros meses al margen de las motivaciones que la lleven a tomar esa decisión.
Sin embargo, los manifestantes tuvieron frente al Congreso un momento de euforia cuando se anunció que una comisión parlamentaria aprobó ese mismo día un proyecto de ley que plantea normas para inducir a una mujer que fue víctima de una violación atener a su hijo y no recurrir al aborto, que la ley brasileña sólo contempla en casos de violencia sexual o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre.
El proyecto propone que una mujer que quede embarazada por una violación reciba ayuda sicológica, una pensión equivalente a un salario mínimo por mes y otros beneficios, como ayuda oficial para identificar al padre y obligarlo a que responda económicamente por su hijo. Como única condición para esas ayudas, el proyecto establece que la mujer debe renunciar a la posibilidad del aborto y dar a luz a su hijo.
Esa iniciativa fue presentada por el diputado evangélico Eduardo Cunha, pero aún deberá ser analizada por la Comisión de Constitución y Justicia antes de llegar al pleno de la Cámara baja y ser remitido al Senado. "Estamos hablando del derecho de una madre que no quiere abortar aún cuando ha sido víctima de violencia sexual, y de su derecho a tener un mínimo apoyo para su subsistencia", dijo el diputado.
Al mismo tiempo, el supuesto derecho a casarse por lo civil que reclaman los colectivos de gays y lesbianas también fue motivo de rechazo en la multitudinaria manifestación.
De hecho, desde el pasado 14 de mayo los homosexuales pueden casarse ante notario en Brasil sin que ningún juez pueda oponerse a ello. Es el resultado de la decisión del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) al aprobar con 14 votos a favor contra uno en contra el que las notarías puedan celebrar bodas civiles entre personas del mismo sexo y de equiparar las uniones estables homoafectivas a los matrimonios civiles.
Uno de los organizadores de la manifestación, el pastor Silas Malafaia, argumentó precisamente que este hecho había sido uno de los detonantes de la protesta, ya que el Congreso aún no ha legislado sobre esta cuestión.
Cabe recordar que hasta la fecha en Brasil solo se contemplaba la figura de la unión estable entre homosexuales, en la que sus miembros son considerados solteros y tienen limitaciones en cuanto a herencias y otras garantías reservadas a los matrimonios heterosexuales.
Malafaia quiso destacar que las protestas tenían como finalidad "mostrar la fuerza de los evangélicos" ante la sociedad y los poderes del Estado. "Nuestro evento ha sido un ensayo, un ejercicio de ciudadanía. No somos ciudadanos de segunda clase y vamos a influenciar a la nación", añadió.
En referencia al aborto, Malafaia señaló que "el feto no es el prolongamiento del cuerpo de la mujer".
Por su parte, el pastor Marco Feliciano, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, subrayó que "la familia tiene que venir antes del Gobierno y de la sociedad".
Los manifestantes también expresaron su respaldo a un proyecto que tramita en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja que propone que la red de salud pública ofrezca ayuda sicológica para aquellas personas que quieran "revertir" su homosexualidad.

Por otra parte, diputados evangélicos del Congreso brasileño han arremetido contra la presidenta Rousseff por la difusión de una campaña del Ministerio de Salud que, bajo el eslogan "Soy feliz siendo prostituta", insta a las mujeres que viven del comercio del sexo a usar preservativos.
La presión popular contra la campaña, sobre todo por parte de la oposición y los movimientos cristianos, ha conseguido que el Gobierno retirara el vídeo de su web.
"Estamos luchando contra la prostitución infantil y aquí viene una campaña para animar a ello. [...] ¿Qué es esto? Nadie está feliz de ser explotadas sexualmente", denunció la diputada Liliam Sá durante la sesión parlamentaria.
"Lo que está haciendo el Gobierno es un delito, está tolerando la prostitución. El Gobierno está patrocinando un crimen para defender esta conducta", agregó el diputado Marcos Rogeiro.
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