(Agencias/InfoCatólica) El cardenal de Nicaragua, el nuncio papal y el obispo auxiliar de Managua fueron algunos de los atacados por policías y paramilitares sandinistas en la basílica San Sebastián de Diriamba. Este acto se ha interpretado como la ruptura total de Ortega con la Iglesia Católica, con la que había mantenido una relación tensa pero cercana.
La agresión ocurrió cuando los obispos viajaron a Diriamba para liberar a un grupo de enfermeros y misioneros franciscanos sitiados en la catedral de la ciudad por los paramilitares afines al Gobierno de Daniel Ortega.
El lunes un grupo parapolicial irrumpió violentamente en la basílica de San Sebastián, en la ciudad nicaragüense de Diriamba, y agredió al nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag; al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes; y al obispo auxiliar de la misma diócesis, monseñor Silvio Báez.
Asediado por una turba enardecida que quería ingresar a la Basílica San Sebastián en Diriamba, fui herido, golpeado en el estómago, me arrebataron las insignias episcopales y agredido verbalmente. Estoy bien gracias a Dios. Se liberó la basílica y a quienes allí estaban. pic.twitter.com/9qTgugBjic
— Silvio José Báez (@silviojbaez) 9 de julio de 2018
Los prelados, acompañados por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPHD), accedieron a la plaza en la que se encuentra la basílica. El templo estaba rodeado por unos 200 encapuchados parapoliciales, así como decenas de policías fuertemente armados y algunos de ellos también con los rostros tapados.
«Hemos sentido esa acción, dura, fuerte y brutal contra nuestros sacerdotes. Nunca habíamos visto algo así en Nicaragua y verdaderamente es triste», comentó Brenes tras los sucesos y después de presidir una oración en la Catedral Metropolitana.
«Hemos ido a las parroquias no para hacer violencia, sino para consolar a nuestros sacerdotes, para acompañarlos en el sufrimiento, sin embargo hemos recibido esa agresión y todos hemos sufrido por Cristo», relató Brenes.
Un nuevo escenario
Los paramilitares --armados con pistolas-- y las turbas mantenían sitiada la basílica de San Sebastián, en Diriamba. Adentro del templo yacían heridos producto de la represión, sacerdotes y médicos voluntarios que, básicamente, estaban secuestrados. Los obispos anunciaron su gira a Diriamba para mediar entre las partes, como lo hicieron el pasado 21 de junio de forma exitosa en la ciudad de Masaya.
Sin embargo, esta vez los paramilitares y las turbas no se escondieron como en Masaya. Algo había cambiado. El presidente Ortega amenazó indirectamente a los obispos el pasado sábado, cuando radicalizó su posición frente a la crisis: el mandatario no adelantará elecciones al primer trimestre de 2019, como pide una parte importante de la población, y dejó claro que se aferra al poder.
Este ataque directo a los obispos «nunca había sucedido en Nicaragua», señaló el cardenal Leopoldo Brenes. El único episodio parecido fue la afrenta sandinista a San Juan Pablo II en marzo de 1983, cuando los sandinistas interrumpieron la misa del pontífice en plaza pública, en medio del conflicto de la guerra fría. Los sandinistas gritaron aquella vez «queremos la paz»; 35 años después, los partidarios de Ortega volvieron a gritarles a los obispos católicos la misma consigna mientras los paramilitares mantenían sus fusiles alzados.
Condena de la Conferencia Episcopal
Por su parte, la Conferencia Episcopal del país ha emitido un breve comunicado en el que «repudia y lamenta profundamente la agresión física y verbal» sufrida por los obispos.
La delegación, se explica en la nota, «cumplía la misión de Jesucristo, estar al lado del pueblo sufriente». Se trataba de «una visita pastoral a sacerdotes y fieles de la zona de Carazo, víctima de policías, paramilitares y turbas produciendo muerte y dolor».
Reacción internacional
La agresión al nuncio y a los obispos de Managua ha suscitado la condena y la solidaridad de diferentes Conferencias episcopales alrededor del mundo. La de Costa Rica ha emitido también un comunicado en el que califica de «cobarde» la agresión y denuncia el «recrudecimiento constante de la represión del gobierno nicaragüense contra su propio pueblo».
Ante ello, los obispos costarricenses reiteran su mensaje de «solidaridad y cercanía con las hermanos obispos y con el pueblo de Nicaragua, a la vez que instamos a la comunidad internacional a colaborar con la solución a este conflicto, para que se encuentre el camino que lleve a la paz».
Por parte de la Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado su secretario general. José María Gil Tamayo, a través de Twitter, ha transmitido «nuestra solidaridad con los obispos nicaragüense agredidos brutalmente por su defensa del pueblo y nuestra denuncia de este atropello. Oremos por esta nación hermana».
Suspensión del diálogo
Además de la agresión contra los obispos, un templo católico en la ciudad de Jinotepe (Pacífico) fue profanado por otro grupo de paramilitares.
Como consecuencia de estos actos de violencia, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional, ha suspendido las mesas de trabajo creadas para superar la crisis que vive el país.
El Episcopado había citado este lunes a la mesa de Verificación y Seguridad, así como a la mesa Electoral, no así a la de Justicia, para reiniciar el diálogo nacional, pero optó por aplazar los dos grupos de trabajo tras los sucesos.
Más de 300 muertos en varias semanas
El conflicto nicaragüense se inició en abril con protestas contra la reforma de la ley del seguro social que quería imponer el Gobierno. Aunque Ortega retiró al final la reforma, las represalias a cargo de grupos afines al régimen provocaron muertos que indignaron a la población, que respondió con más manifestaciones, a su vez reprimidas con más dureza y más víctimas mortales. Se calcula que ya más de 300 nicaragüenses han sido asesinados durante estas semanas de protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos. La CIDH ha señalado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.
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