(Radio Santa Fe/InfoCatólica) Hicieron referencia a los «desfalcos en sectores tan importantes como la salud y la educación, los conocidos «carruseles» en numerosas actividades incluso en el campo de las pensiones, el soborno en los negocios, los fallos en el sistema judicial y los preocupantes niveles de impunidad, unidos a las condiciones de pobreza en que viven millones de los afectados por la desviación de fondos públicos y la falta de oportunidades de vastos sectores de la población».
Por eso advierten que «se impone una reacción enérgica y valerosa de todas las fuerzas vivas de la Nación para destruir el monstruo de la corrupción y lograr el afianzamiento de los valores que permiten la consolidación de una nación justa, solidaria y fraterna».
En una declaración emitida en el marco de la Conferencia Episcopal que se realiza en la capital, y leída por Monseñor Rubén Salazar, los prelados hacen referencia a las protestas que han venido realizando «pobladores de varias zonas del país, que han sufrido históricamente el impacto de la violencia y su consecuente crisis humanitaria», y advierten que sus reiteradas reivindicaciones sociales no han encontrado una respuesta adecuada por décadas y que en varios casos no han alcanzado sino el nivel de promesas no cumplidas por parte de los diferentes gobernantes.
«Una mirada a las regiones del país–añaden– hace constatar la necesidad de asegurar que todas las comunidades logren los niveles de desarrollo que ha alcanzado el país, un mayor acceso a los mercados para los productos de las comunidades campesinas, la seguridad alimentaria, inversiones en vías, salud y educación y la necesidad de subsidios para que quienes se han dedicado a los cultivos de uso ilícito los erradiquen en forma definitiva. Un diálogo permanente y serio entre el gobierno y los diferentes estamentos involucrados en esta problemática son la vía para que no se altere el orden público y se puedan alcanzar las reivindicaciones en un clima de concertación y búsqueda del bien de todos.
De otro lado, destaca que «en el país se da un debate muy saludable sobre la forma no sólo de dar término al conflicto armado sino sobre todo de construir la paz como un bien de toda la nación y como un compromiso de cada ciudadano», y subraya que este debate se da en medio de complejas situaciones de violencia irracional, de numerosos asesinatos, atentados, desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos.
«Indudablemente el momento está profundamente marcado con las negociaciones que se adelantan entre el gobierno nacional y la guerrilla en La Habana, sin embargo el desafío mayor se encuentra en la creación de estructuras que den solución a las causas que generan violencias de todo orden. Mantener y fortalecer lo que el país ha ganado en su democracia e instituciones es punto de partida que no impide ver las necesarias reformas que se deben adelantar -muchas de las cuales hacen parte de la agenda nacional desde hace ya varios años- para afianzar el camino de la construcción de la paz», puntualiza la declaración.
Los Obispos instan igualmente a la sociedad colombiana a unir esfuerzos para recuperar la ética política, la transparencia en la gestión pública y en la gestión social, económica y empresarial; a favorecer una mayor presencia social del Estado frente a reivindicaciones expresadas en el marco de la legalidad: a apoyar los esfuerzos para dar fin al conflicto armado por medio del dialogo y de acuerdos con las FARC y también con el ELN que conduzcan efectivamente al cese definitivo del conflicto armado y de toda clase de violencia.
Los jerarcas de la iglesia católica colombiana se comprometen, por su parte, «a profundizar en las implicaciones del compromiso por la paz, a animar en todos los niveles el trabajo por la transparencia y la efectiva construcción del bien común, y a buscar una vida digna para todos los habitantes de nuestro país».
«Invitamos a nuestros fieles y a las personas de buena voluntad a unirnos en la oración para impetrar el don de la paz sobre nuestra Patria, nuestras comunidades, nuestras familias y sobre cada uno de los colombianos», concluye la declaración.
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