Por ForumLibertas
La política, sobre todo cuando queda reducida a una lucha por el poder, es siempre dura, agria y acude a métodos poco edificantes. Pero es difícil encontrar en el contexto de los sistemas democráticos una actuación como la que emprendió Cristina Fernández, presidenta de Argentina, con el caso de los hermanos Noble, convirtiendo en una causa política y pública un asunto que no tendría que haber ido más allá, y eso como mucho, de una cuestión privada. Que los hermanos Noble, hijos adoptivos de los propietarios de Clarín, conozcan o no a quiénes pudieran haber sido sus padres biológicos es en primer término y antes que nada una cuestión que les compete a ellos. En segundo término, tiene importancia también para los que son los padres adoptivos y en cualquier caso al que nada debe importar es al propio Estado.
Bien está que, con motivo de las actuaciones criminales de la Dictadura militar y el asesinato de familias enteras y la adopción de sus hijos pequeños por otras familias del entorno del Gobierno de entonces, haya lugar a una legislación que facilite el buscar a los padres reales, porque ahí hay que dar satisfacción tanto a una necesidad de los hijos como a un acto de justicia, pero exactamente por este orden. Lo que no es de recibo es que la ley que rige en Argentina pueda obligar a un hijo adoptado a someterse a pruebas genéticas en contra de su voluntad. Éste es un gesto totalitario y de él surgen los actuales excesos que Cristina Fernández puede cometer. En este sentido hay que señalar la voz honesta y valiente de Elisa Carrió, dirigente de Coalición Cívica, que es una de las pocas personalidades argentinas que se opuso desde el primer momento a esta característica obligatoria de la ley.
La segunda responsabilidad es evidentemente la señalada, la de la presidenta. La investigación sobre la identidad real de los hermanos Noble debía haber discurrido por los canales de privacidad que han caracterizado a otros casos parecidos. No ha sido así, y ha utilizado una circunstancia tan humana como es la de una paternidad desconocida para generar un sufrimiento inmerecido a unas personas, sólo en razón de su enfrentamiento contra los propietarios de Clarín. Hay que señalar también un tercer colaborador necesario en esta mala práctica, se trata de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que preside Estela de Carlotto. No es de recibo que digan que todo debe permanecer abierto porque faltaban tres de las 55 familias incluidas en el grupo principal en la búsqueda de rastros biológicos en las muestras de ADN almacenadas.
Esto significa ni más ni menos un resultado negativo de 90 contra 10, pero 10 no de certeza sino de incertidumbre. La pretensión de que todo se mantenga abierto y expectante es una brutalidad porque significa mantener la herida abierta sobre unas personas que tienen derecho a vivir su propia vida y a realizarse de acuerdo con sus deseos. La vida de los hermanos no puede ser usurpada por unas abuelas por muy de la Plaza de Mayo que sean.
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