AMERICA/BRASIL - “Asesinan para intimidar”: otro líder indígena asesinado, lo denuncia el CIMI

Maranhão - – El agente de seguridad Eusebio, de la comunidad indígena de Ka'apor, de 42 años, del pueblo Xiborendá en tierras indígenas del Alto Turiaçu en Maranhão , fue asesinado el domingo, 26 de abril con un disparo de rifle a la espalda. Él regresaba de la aldea Jumu'e Ha Renda Keruhu, viajando en la parte trasera de una motocicleta conducida por otro indígena, cuando, a eso de las 18.30 horas, dos hombres encapuchados les pidieron que parasen y después dispararon a Eusebio matándolo.
Según la nota enviada a la Agencia Fides por CIMI , según algunos testigos, los autores del crimen son los madereros del municipio de Centro do Guilherme, tras la inspección y vigilancia de la zona que se inició en 2013 por parte de la comunidad indígena Ka 'Apor, que termina este año. Eusebio estaba muy comprometido e era una persona importante en la lucha contra la tala ilegal en la zona y un miembro del Consejo de Ka'apor.
El hijo de Eusebio, después de dejar el cuerpo de su padre en la ciudad de Zé Doca, regresó a su aldea, donde fue abordado por un leñador que le advirtió de que otros partidarios indígenas y personas que apoyan a los Ka'apor podrían ser asesinados.
La violencia contra los pueblos indígenas se ha intensificado en los últimos meses, después del cierre del último periodo en que estaba permitido cortar los árboles, en las zonas y las cantidades establecidas. “Cerramos parte de la zona y controlamos las entradas de ocho pueblos, para impedir el regreso de los leñadores. Pero desde entonces se han producido robos de motocicletas y agresiones, siempre cometidos por dos o tres personas encapuchadas y con fusiles de caza”, dice un líder del Ka'apor. “Las amenazas de muerte son constantes desde hace mucho tiempo. Ahora asesinan para intimidar... No sabemos qué hacer, porque no tenemos protección. El estado no hace nada”.
Madalena Borges, del Consejo Indigenista Misionero en la región de Maranhão, señala la ausencia y omisión del poder público, que ignora las reiteradas denuncias de delitos ambientales cometidos por los invasores del territorio indígena.