Hace unos meses el obispo de San Salvador habló de “El Salvador, Estado fallido”. Con ello quería referirse a que un Estado que no es capaz de defender a sus ciudadanos, de darles seguridad, difícilmente puede autoproclamarse, al menos, un Estado normal.
He querido volver a revisar lo que ha estado pasando durante este tiempo, como para ver si esa sentencia del obispo tenia hoy algún sentido. Primero reviso el indicador lamentablemente más utilizado, el número de asesinatos (aún no se conoce un indicador/es que abarque todos los temas y podamos ver en qué avanzamos y en que no). Pues bien, el director del instituto de medicina legal reporta en el mes de junio 670 asesinatos, cifra que ni en época de guerra se daba y es posible que sea más, tal y como nos advierte el Dr. Fortin, ya que muchos cuerpos no son hallados hasta después de un tiempo o permanecen enterrados en fosas. Realmente son muchos asesinatos, más si tenemos en cuenta que ya llevamos 23 años con esta violencia. ¿Cuántos asesinatos ha habido desde la firma de los acuerdos de paz? No tengo los datos básicos, año por año, pero tirando por lo bajo pueden llegar a los 80.000 más o menos. ¿Cómo puede ser esto?, ¿dónde estamos?
Pues bien, estamos en un territorio ocupado (el Gobierno habla de 50 municipios más peligrosos), en buena parte por las maras (pandillas) donde allí gobiernan ellos y se hace lo que ellos quieren. Además, hoy parece que se ha declarado la guerra entre Gobierno y pandillas. Mueren pandilleros a manos de la policía y el ejército, y estos a su vez atacan al ejército y la policía, incluso cuarteles, con armas largas y granadas. Hay una guerra declarada. Recientemente las maras enviaron un escrito al Consejo de Seguridad creado por el presidente solicitando entrar en negociaciones. No ha habido respuesta del Gobierno.
Un especialista en lucha armada me comentaba que hoy en día es superior el ejército a las maras. Estos últimos no saben atacar de frente y menos retirarse, por lo que sufren más bajas. Como efecto negativo de esto último, quiere decir que tiene que estar esforzándose en buscar nuevos miembros, principalmente en las escuelas, para así ir cubriendo las bajas (un informe privado de hace tres años hablaba que las maras están infiltradas en el 70% de las escuelas). De todas formas, esto es solo una ventaja temporal ya que con el tiempo irán aprendiendo y lo que es más probable contratando ex militares para que los entrenen. Otra cosa que apuntaban es que los mareros están muy ligados con las madres, de ahí que buena parte de lo que ganan se lo dan a las madres. La mara es su familia, pero no dejan a su madre. De ahí que ahora tanto un bando como el otro comienzan también a atacar a las familias, con ello los mareros sienten que parte de sus fuerzas de soporte se pierden al considerar que su madre está en peligro. Aún no hay muchos casos de estos.
Recientemente, el Gobierno pidió a la Asamblea que le autorizara a disponer de 25 millones de dólares para aplicarlos en entregarles una paga extra a la policía (unos 22.000 miembros) y a los efectivos especiales del ejército (unos 6.000) que intervienen en la lucha. Como el ejército aun no lo ha recibido se iban a declarar en huelga, lo cual fue cortado de un tajo por los mandos militares.
La asociación de la empresa privada (ANEP) contrató hace un tiempo al ex alcalde de New York Rudy Giuliani para que estudiara el tema y emitiera un informe, cosa que ya hizo; su empresa de seguridad estudió a fondo el tema y emitió un informe con recomendaciones que la ANEP entregó al Gobierno. Este ha dicho que lo tendría en cuenta, pero no parece que la ANEP este muy convencida de ello. Entre otras cosas, el informe que no ha sido publicado ni dado a conocer en detalle trata el tema del control territorial. Además, han vuelto a aparecer los secuestros, de momento los exprés.
Un representante del Gobierno de los Estados Unidos se entrevistó con el presidente Sánchez Cerén y le recomendó que creara una Comisión Internacional contra la Impunidad, cosa que ya se realizó en Guatemala en 2007. Actualmente se están viendo los frutos de esa comisión internacional, dependiente de las Naciones Unidas. También se hizo la recomendación en Honduras. Parece que el Gobierno de El Salvador no ve con buenos ojos una intromisión extranjera en el país y de momento no la va a implementar.
Total, que a simple vista vemos que la cosa está peor. Ello está provocando una huida masiva de población. Recordemos los 50.000 niños detenidos en la frontera con México el año pasado provenientes de toda Centroamérica, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cuántos consiguieron entrar en Estados Unidos? Frente a esto nos preguntamos si hay alguna salida a esta situación aparte de emigrar.
Realmente no es fácil combatir una organización (maras) que cuenta con unos 70.000 efectivos y que con su ámbito de influencia puede alcanzar hasta las 400.000 personas involucradas. Pero al menos señalamos algunos aspectos a considerar. En primer lugar, este es un mundo muy complejo. Ahora lo hemos visto otra vez con el Chapo Guzmán, cuyo cartel (Sinaloa) tiene 2.000 efectivos armados y todo tipo de recursos, alianzas, infiltraciones, dominio de políticos, empresarios y aún es defendido por una buena parte de la población.
Si no se considera esta integralidad es imposible luchar contra ellos. Hay que saber con qué cartel están vinculados, qué tipo de delitos practican y, lo más importante, cómo manejan sus finanzas. A través de ellas es como se puede atacar su subsistencia y esto no se hace. Hay testaferros financieros, pero no han sido atacados. Pero, además, si se estudian todos los aspectos para combatir o prevenir la violencia, se reunirán unos 20, en México reunieron 25. Pero después hay que ver cómo se está en cada uno. Por ejemplo, si se necesitan cárceles y resulta que no hay y que los presos están hacinados como en cuatro veces la capacidad de las cárceles, estamos mal; pero también estamos mal si todos los dirigentes delincuenciales continúan estando informados y mandando a sus secuaces desde las cárceles todas las instrucciones, quién tiene que pagar y cuánto. A estas alturas aún no sabemos cuáles son esos 20 puntos que considera el Gobierno y cómo están avanzando en cada uno. Total, no parece que se haya progresado desde las palabras del obispo sino todo lo contrario, y eso que el propio presidente en la campaña dijo que él mismo se haría cargo de esa lucha. Realmente estamos al límite y nuestros jóvenes siguen buscando salidas, ahora se habla de Australia. De momento parece que ya le hemos sacado delantera a Honduras, el país más violento del mundo. Todos preferiríamos estar fuera de este juego pero no sabemos qué hacer, lo malo es que tampoco el Gobierno parece saber qué hacer, especialmente en las zonas conquistadas por la mara. No solo la seguridad de las personas está en juego sino el propio desarrollo del país, que se ha estancado y no hay manera de que avance.
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