(Cat Diàleg) La fuerza estadounidense para combatir el Estado Islámico sobre suelo iraquí está formada por 3.550 soldados, dedicados a tareas de entrenamiento y asistencia, y más de 6.300 contratistas de seguridad privada, según fuentes del Departamento de Defensa que cita El Confidencial.
La revelación según la cual vuelve a haber empresas de seguridad operando en Irak ha reabierto el debate sobre la legalidad y ética de la "guerra privada". El primer escándalo causado por los contratistas estalló en 2007, cuando un grupo de empleados de la empresa Blackwater Worldwide mató a 17 civiles iraquíes mientras protegía un convoy del Departamento de Estado.
A pesar de esta y otras polémicas, según revela un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, más del 50% de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak y Afganistán en la última década provenían de contratistas. Según apuntan varios expertos y oficiales del Departamento de Defensa, estas fuerzas privadas seguirán teniendo un papel clave en la política de defensa de los Estados Unidos en los próximos años. ¿Por qué se utilizan tanto, y qué implicaciones tiene su uso?
Contratistas privados: no todos son mercenarios
Un mercenario es, según el Protocolo I de 1977 del Derecho Internacional Humanitario, cualquier persona que combata en un conflicto armado de forma directa, movida esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal, superior al que obtienen los miembros de las fuerzas armadas implicadas en el mismo, y que no sea nacional de una parte en conflicto, miembro de sus fuerzas armadas o enviado en misión oficial por un Estado tercero.
El Protocolo I excluyó por primera vez a los mercenarios de la categoría de prisioneros de guerra. En la práctica, esto quiere decir que si los captura un ejército de un Estado, éste les puede tratar como criminales corrientes y aplicarlos sólo su legislación nacional.
Las empresas militares privadas como la antigua Blackwater –las PMC, de Private Military Companies- se suelen defender diciendo que sus empleados no participan directamente en las hostilidades, sino que realizan misiones auxiliares como escolta, asesoramiento, entrenamiento, tareas de vigilancia, etc.
Foto: Empleados de Blackwater en Irak en 2004, operando junto con soldados estadounidenses regulares. Foto: Gervasio Sanchez / Associated Press
Según Joana Abrisketa, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Deusto, las compañías de seguridad privadas operan en una zona legal de color gris: "por un lado, no están contempladas por el Derecho Internacional Humanitario; por el otro, tampoco están obligadas por los estándares del Derecho Internacional Humanitario.
Hay que distinguir entre mercenario y contratista de seguridad en el sentido más amplio: el primero se puede considerar equivalente a un soldado, el segundo, a un trabajador auxiliar. Muchos de los contratistas estadounidenses se incluyen en este segundo grupo. En marzo de 2013, en Afganistán había 108.000 trabajadores contratados externamente por el Departamento de Defensa: sumaban el 61% de las fuerzas estadounidenses sobre el terreno, pero sólo 18.000 eran contratistas de seguridad (en comparación con los 65.700 soldados desplegados en ese momento). No todas las empresas contratistas son PMC, sino que una buena parte de ellas se dedican a misiones como construcción o traducción e interpretación, por ejemplo.
Mercenarios: un problema para el Estado, una solución para los políticos
Un gobierno suele contratar empresas de seguridad privada por un motivo de costes políticos: si no se declara que se enviarán tropas, o que se enviarán pocas, el potencial impacto negativo sobre la opinión pública se reduce.
Una de las características fundamentales del Estado de Derecho es el monopolio de la violencia. Concepto introducido por Max Weber en 1919, hace referencia a que el Estado debe ser el único actor que pueda aplicar la fuerza de forma legítima. Si hay otros elementos que le disputan ese rol, según Weber el Estado deja de ser funcional. Muchas de las dudas que despiertan los contratistas de defensa privados provienen del hecho que, con ellos, el monopolio del Estado sobre la violencia se difumina.
Ante esta problemática, los gobiernos esgrimen que en última instancia son ellos los que autorizan la acción de los contratistas de defensa, y que les pueden retirar los contratos en cualquier momento. Por ejemplo, Irak expulsó a los trabajadores de Blackwater de su país tras el escándalo de 2007.
Varios países han subrayado la necesidad de encontrar fórmulas para proteger la legitimidad de las compañías de seguridad privadas cuando éstas actúan en nombre de gobiernos, Naciones Unidas o empresas multinacionales. Se trataría, según, Abrisketa, de "superar la criminalización para pasar a nuevas formas de regulación y rendimiento de cuentas". Mientras tanto, el Protocolo I no se considera Derecho consuetudinario porque no ha sido firmado por un número de Estados suficiente: su definición de mercenario, demasiado amplia, no convence a países como Estados Unidos.
Los mercenarios en perspectiva histórica
El uso de mercenarios no es pero algo nuevo, sino que se trata de una actividad prácticamente tan antigua como la guerra misma. El ejército con que el famoso general de Cartago Aníbal Barca atacó Roma a través de los Alpes estaba compuesto fundamentalmente de mercenarios íberos, celtas, libios y baleares, entre otros. De hecho, el ejército cartaginés tenía muy pocos ciudadanos en sus filas.
Roma tuvo un ejército formidable mientras estuvo formado por ciudadanos romanos. Pero cuando el imperio tuvo que empezar a contratar mercenarios extranjeros, el poder de la máquina bélica romana cayó en picado, hasta el punto de facilitar mucho la invasión de las tribus bárbaras en el siglo V.
En la Edad Media, uno de los episodios más espectaculares de la historia de los mercenarios lo protagonizaron los soldados almogávares provenientes de la corona catalano-aragonesa. Según el historiador medieval Bernat Desclot, los almogávares "son gentes que no viven sino del hecho de armas". Estas fuerzas fueron contratadas por el rey Andrónico II para liberar Constantinopla de la amenaza turca. Rovira i Virgili afirma que "había que encontrar para los almogávares una ocupación propia de su oficio", así que su comandante Roger de Flor no dudó ni un momento en socorrer a los bizantinos. Los expedicionarios consiguieron resonantes victorias militares, aunque quedaron patentes de nuevo los inconvenientes de contratar mercenarios: tremendamente eficientes en combate, eran un estorbo en tiempo de paz.
Foto: "Entrada de Roger de Flor en Constantinopla", óleo de José Moreno Carbonero (1888) en el Senado español.
Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, los británicos recurrieron a tropas alemanas del Estado de Hesse-Kassel, con unos resultados bastante mediocres.
A veces se considera también que los ejércitos napoleónicos operaban en parte como mercenarios, saqueando la región en que se encontraban para obtener provisiones (práctica que las naciones europeas habían abandonado hacía tiempo) y reclamando soldados cuando ocupaban nuevos territorios. De hecho, los aliados de Napoleón estaban obligados a enviar soldados a la Grande Armée.
Ya en el siglo XX, combatieron en las filas aliadas elementos provenientes de las colonias africanas y asiáticas. En la batalla de Montecassino (Italia) de 1944, por ejemplo, los británicos contaban con batallones tibetanos. En este caso, sin embargo, claramente no se trataba de mercenarios, sino de unidades regulares.
¿Confiar la paz a aquellos que viven de la guerra?
Los servicios de tropas mercenarias han supuesto de forma casi invariable problemas a quienes las han contratado. Las empresas militares privadas están sometidas en cierto modo al mismo problema de los soldados alemanes en América, los almogávares en Grecia y los cartagineses en Italia: ¿qué hacer en tiempos de paz con unos hombres que tienen como profesión la guerra?
En cierto modo, contratar empresas militares privadas es caer en un absurdo: confiar en que alguien que depende de la violencia para vivir lleve la paz no parece muy lógico. Por ello, es imperativo desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario fijar un marco muy cuidadoso para las compañías que ofrecen servicios militares más allá de las fronteras.
Mientras esta legislación no exista, las empresas de seguridad se seguirán beneficiando del vacío legal existente: si una legislación nacional las pone en situación de peligro, simplemente se instalarán en otro país. Además, a menudo operan en naciones que tienen un aparato estatal muy débil, lo que dificulta que los potenciales crímenes que cometan sus empleados sean juzgados. El mismo Congreso de Estados Unidos ha reconocido que su ejército no está preparado para operar junto con contratistas privados, y que este hecho les ha comportado graves problemas en Irak y Afganistán, empezando por una pérdida de credibilidad.
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