Bogotá – El acuerdo sobre justicia que firmaron las FARC y el Gobierno de Colombia no contempla la reclusión para quienes confiesen la verdad ni tampoco requiere precisiones u otros desarrollos, porque el acuerdo está cerrado: lo declaró ayer 29 de septiembre, el grupo rebelde, en una declaración que ha mostrado las profundas contradicciones entre las partes.Según el gobierno, el acuerdo, que permitió superar el tema más difícil de la negociación, establece que los responsables de asesinatos, masacres, secuestros, tortura, desaparición forzada y violencia sexual deberán ser sancionados y someterse a restricción de la libertad en un sitio específico, austero y vigilado.
La nota recibida en la Agencia Fides, confirmada por las agencias de prensa, señala sin embargo que el jefe de las negociaciones del gobierno, Humberto de la Calle, ha dicho este lunes 28 de septiembre, que el acuerdo sobre justicia está en desarrollo y que aún faltan aspectos por determinar y concluir, así como decisiones por adoptar.
En el documento firmado tampoco está claro si los guerrilleros quedarán a salvo de la extradición a Estados Unidos, en donde están acusados por narcotráfico o secuestros, o si recibirán amnistía.
El Gobierno y las FARC se han comprometido a firmar, a más tardar en seis meses, un acuerdo para acabar con el violento conflicto armado que dura ya 50 años.
Hace unos días el director de la Secretaría Nacional para la Pastoral Social, Mons. Héctor Henao Gaviria, dijo: “El país debe entender que la justicia va más allá de una prisión”, en referencia al acuerdo sobre la justicia de transición anunciada por el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC la semana pasada.
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