Kinshasa – En Lubero del Sur , desde hace algún tiempo, las relaciones entre las comunidades Hutu y Nande se han deteriorado, degenerando en conflicto, refiere una nota enviada a la Agencia Fides por la Red Paz para el Congo.
Los Nande acusan a los Hutu congoleños de ser cómplices de las FDLR , un grupo armado de origen ruandes, pero que actúa en el este de la RDC y a menudo está detrás de atroces actos de violencia perpetrados contra la población congoleña. El grupo suele estar acompañado de sus respectivas familias.
Desde hace tiempo, los Nande denuncian la ocupación anárquica de sus tierras por parte de los Hutus y la participación de estos últimos en los crímenes contra la humanidad cometidos por las FDLR: matanzas de civiles, secuestros de personas, asesinatos de líderes locales y jefes tradicionales, saqueo de los cultivos y quema de aldeas, siguiendo una estrategia de ocupación de las tierras sin respetar el derecho tradicional de la zona. Para protegerse, los Nande a su vez han creado su propia milicia, el grupo armado “Mai-Mai Yira”, que se ha convertido después en la Unión de Patriotas para la Defensa de los inocentes.
La nota subraya que “el conflicto social entre las dos comunidades corre el peligro de convertirse en un conflicto étnico. Para evitar que suceda esto, se han formulado varias recomendaciones”.
Entre las sugerencias están: el fortalecimiento de la presencia militar para neutralizar tanto a las FDLR como a las diversas milicias Mai-Mai, a las que cada comunidad tiende a recurrir en busca de protección; el despliegue de la Policía Nacional Congoleña para mantener el orden en las zonas liberadas por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC; la repatriación a Ruanda de los miembros de las FDLR que ya han sido entregados o que se entregarán al ejército o a la MONUSCO ; la apertura urgente de una investigación independiente, tanto a nivel nacional como internacional, para identificar los autores intelectuales y materiales de los ataques contra aldeas, secuestros y masacres cometidos e iniciar los procedimientos judiciales contra ellos; la gestión con transparencia de los movimientos de inmigración, para garantizar la seguridad de los que emigran y para tranquilizar a las comunidades locales; iniciar proyectos de desarrollo comunitario, para reducir el desempleo y la pobreza, que son la base de la violencia y del activismo de los grupos armados
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