El Gobierno colombiano parece dispuesto a legalizar la eutanasia sin la aprobación del Congreso y violando la libertad religiosa y objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Así lo ha denunciado la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) en una carta remitida el pasado 12 de abril al ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe.
En el escrito, el secretario adjunto de la CEC, Pedro Mercado Cepeda, también representante del Episcopado para las Relaciones con el Estado, señala que su despacho fue informado recientemente de la intención del ministerio colombiano de "reglamentar la práctica de la eutanasia en Colombia a través de una resolución".
"El Episcopado colombiano quiere reafirmar su clara, firme e inamovible condena ética y moral a la eutanasia directa, que constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la inviolabilidad del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución", dice el padre Mercado.
Al mismo tiempo, recuerda al ministro que "en marzo de 2013, una sentencia del Consejo de Estado estableció que el Ejecutivo no puede excederse en su potestad reglamentaria desconociendo las competencias propias del poder Legislativo".
"La Corte Constitucional no está capacitada para atribuir a los organismos estatales –en este caso al Ministerio de Salud– competencias propias del Poder Legislativo. Tal acto, afectaría gravemente el orden y el equilibrio de poderes establecidos en la Constitución de 1991", advierte en el escrito.
Incluso la "eutanasia no voluntaria"
El secretario adjunto de la CEC subraya que "el Ministerio de Salud y Protección Social no está capacitado legalmente para reglamentar la eutanasia porque no existe, hasta el momento, legislación emanada por el Congreso de la República sobre esta delicada materia".
Denuncia, asimismo, que se trata de "una resolución afectada por vicios de nulidad" y que "la norma llega incluso a legitimar la práctica de la eutanasia no voluntaria (aquella que se realiza sin el consentimiento expreso y actual del paciente)".
"La normativa abriría así las puertas a numerosos abusos, que se sumarían a los que ya padece diariamente el pueblo colombiano, sometido a servicios sanitarios deficientes, gracias a un sistema de salud que privilegia el interés económico privado por encima de la dignidad y de los derechos de los pacientes", agrega.
Ignora la objeción de conciencia
La norma del Ministerio de Salud, advierte el padre Mercado, "viola también gravemente el derecho de libertad religiosa y el derecho a la libertad de conciencia consagrados en la Constitución", al desconocer "la obligación ética y moral de las personas e instituciones sanitarias católicas (o pertenecientes a otras confesiones religiosas) a no dar cumplimiento a esa norma por motivos de conciencia o de identidad religiosa, ética o moral".
El secretario adjunto de la CEC asegura en la nota que aún en el caso de que el Ministerio de Salud la legalizara, "ni el personal sanitario católico ni las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia Católica practicarán la eutanasia bajo ninguna circunstancia".
"Se trata para nosotros de un principio moral no negociable", subraya, demandando que se garantice "a nuestros fieles y a nuestras instituciones el derecho fundamental a la objeción de conciencia".
De otro modo, lamenta, "se pondría en riesgo nuestra actual cooperación con el Estado en el campo sanitario y se afectarían nuestras relaciones de colaboración en otros importantes campos".
El secretario adjunto de la CEC concluye la carta lamentando que el ministerio colombiano, que pone tanto interés en "reglamentar la eutanasia y el aborto" no ponga el mismo esfuerzo en buscar solución eficaz a la grave crisis del sector salud y las necesidades de los más pobres de nuestra Patria".
"Triste es ver que algunos defienden hoy el inexistente derecho a ‘morir dignamente’ mientras desconocen el derecho fundamental a vivir con dignidad", finaliza.
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