¿Qué es lo que hace que un país funcione mejor o peor? En último término, los propios ciudadanos. Esto es una evidencia, pero no toda la evidencia porque no responde a otra cuestión: ¿por qué las personas que cambian su lugar de residencia a países que lo hacen mejor tienen mejores resultados que en su propio país? La respuesta a esta segunda pregunta radica en las instituciones y una forma de pensar la economía, una de las últimas en llegar: la llamada Nueva Economía Institucional se encarga de ello. Su base es el análisis de lo que hacen las instituciones entendidas en un sentido amplio. Lo son también las leyes, las tradiciones, la familia y otras instancias sociales de menor calado. La base de este análisis son los llamados costes de transacción, que dicho con letra gruesa, es lo que cuesta realizar algo que tenemos que vender o realizar. Afecta al campo privado. Por ejemplo, el seguro a la exportación es un coste de transacción, como lo es indagar un mercado. Pero, como señala North, Nobel de Economía, también existen los de carácter político, que además considera que pueden ser ineficientes, algo que hoy es una constatación generalizada. En el mercado político se intercambian políticas y legislación a cambio de apoyo electoral. Los políticos buscan como objetivo maximizar el apoyo electoral minimizando los costes de transacción generados en el proceso político de toma de decisiones. Estos costes políticos pueden ser:
- De compromiso: fruto de la competencia electoral, derivados de la información asimétrica entre los ciudadanos y en relación a los políticos, así como la diferencia entre las promesas realizadas y su cumplimiento. Todo ello facilita comportamientos oportunistas por parte de los políticos: pueden tener incentivos posteriores al compromiso para renunciar a una política que han considerado anteriormente óptima. Se tiende a prometer lo necesario para ganar y hacer después sólo lo que resulta realmente posible.
- De decisión legislativa: relacionados con el trabajo y recursos aplicados a legislar y que crecen en función del grado de conflicto. Este tipo de coste permite situar la causa de por qué un mayor capital social en una sociedad permite mejores resultados políticos en la medida que consigue reducir el conflicto
- De incertidumbre: derivados de la dificultad de prever los resultados de lo legislado sobre el electorado
- De agencia: relacionados con la realización e incumplimiento de los trabajos encomendados
Además, una parte esencial del funcionamiento de las instituciones son los costes asociados a identificar las infracciones y aplicar los castigos. De ahí que, desde la perspectiva de este tipo de costes, la política pueda ser entendida como la formulación de reglas y diseños institucionales orientados a su reducción, facilitando, por tanto, la realización de transacciones en el mercado político mediante leyes y normas, simplificando el proceso de toma de decisiones sin generar mayores costes de incertidumbre.
El problema de España es que nuestras instituciones no funcionan bien en los términos apuntados. Las políticas, en primer término, pero tampoco lo hacen bien una parte de las familias, los sindicatos y patronales, en la escuela y la universidad, con excepciones; en todo hay excepciones, claro está. Si en lugar de tanto ruido político, de tan escasa capacidad para analizar la realidad institucional empezáramos por ella, con madurez y realismo, seguro que entonces conseguiríamos un país nuevo y, además, con muchas menos descalificaciones mutuas.
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