Según me dicen (yo no lo vi), el otro día plantearon a Rajoy una cuestión que le dejó perplejo y sin respuesta, y eso ha sido estos días motivo de befa, mofa y cuchufleta en todos los medios nacionalistas. Parece ser que el entrevistador le dijo al presidente que, según el Tratado de la Unión, ningún ciudadano puede ser desposeído de su nacionalidad, a no ser que él mismo renuncie a ella, de donde parecía deducirse la conclusión de que, en caso de independencia de Cataluña, los catalanes podrían seguir siendo españoles y, por tanto, ciudadanos de la Unión Europea, con lo cual, la independencia no privaría de ese estatus.
Lo cierto es que yo no me había planteado la cuestión desde esta perspectiva, y parece que Rajoy tampoco, pero el hecho de que el presidente no supiera responder no significa que no haya respuesta, sino simplemente que el tema le pilló el bragas en muy mal momento. A mí, así de pronto, se me ocurre una respuesta, y sin ser experto en la materia, la pongo a vuestra consideración para ver qué opináis al respecto.
Desde mi punto de vista, la cuestión simplemente plantea una paradoja, consistente en que puede haber dos cosas al mismo tiempo verdaderas y aparentemente contradictorias. Partiendo de la base de que sea cierta la afirmación del entrevistador, no es menos cierta la reiterada afirmación de todas las autoridades de la Unión en el sentido de que, si un territorio se desgaja de uno de los estados miembros y se independiza, se convierte automáticamente en un estado tercero, no miembro de la Unión. Ambas cosas pueden ser perfectamente ciertas, a pesar de su aparente contradicción.
¿Cuál sería entonces la paradoja? Pues que podríamos encontrarnos con un estado no perteneciente a la Unión, cuyos habitantes, o parte de ellos, siguieran siendo ciudadanos de la Unión. El derecho de ciudadanía, tal como yo lo entiendo, es un derecho individual, un derecho de las personas físicas, no de las personas jurídicas ni de las instituciones. Por lo tanto, podría ser perfectamente factible que el nuevo estado como tal fuese expulsado de la UE, que sus instituciones, bancos, empresas, etc., sufrieran las consecuencias temibles de tal situación, y que, sin embargo, las personas físicas pudiesen seguir siendo ciudadanos de la Unión. Es decir, seguirían tal vez siendo ciudadanos de la Unión, pero arruinados.
¿Es tan difícil de imaginar esa situación? ¿Qué sucede si un ciudadano de la Unión decide domiciliarse en Uagadugú (capital del antiguo Alto Volta, actual Burkina Faso)? Pues que seguiría siendo ciudadano de la Unión, pero debería apechugar con las condiciones de vida del lugar donde ha decidido domiciliarse, que son bastante distintas de las que rigen en la Unión, y no por ser ciudadano de la Unión se le aplicarían a él unas condiciones particulares.
Pues bien, si los ciudadanos de Cataluña deciden colectivamente "domiciliarse" en un estado no miembro de la UE, ¿por qué deberían ser tratados de un modo distinto que el caballero trasladado a Uagadugú? No veo motivo para ello. Serían ciudadanos de la UE que han decidido "domiciliarse" fuera de la UE y deberían asumir las consecuencias de esa decisión. ¿O no?
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