(Agencias/InfoCatólica) La Fiscalía ha respondido en esos términos a la solicitud del Ministerio de Justicia de un informe sobre las diligencias abiertas actualmente sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
El Ministerio Público reconoce que no tiene en sus registros datos concretos sobre las denuncias o procedimientos relativos a la Iglesia pero sí revela una realidad de «indudable gravedad», con 293 procedimientos iniciados en general (no sólo en la Iglesia) en toda España por abusos de menores en 2018 y 30 en el primer trimestre de este año.
En lo que respecta a la Iglesia, la Fiscalía indica que los abusos a menores en su seno son «una realidad compleja», dado que se trata de «entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad», lo que dificulta su detección.
La Fiscalía subraya la necesidad de aplicar medidas para detectar los casos que se hayan podido producir, castigar penalmente a sus autores, reparar «en lo posible» a las víctimas y establecer mecanismos de prevención.
Informar de inmediato
La principal medida es que «se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las Autoridades competentes por parte de la Institución en cuyo seno se ha detectado el caso». Esa puesta en conocimiento «habría de realizarse de forma directa por quien haya recibido la noticia o disponga del conocimiento directo de la sospecha del abuso sexual».
Lo que debe hacer la Iglesia es informar de inmediato y de forma directa a las autoridades: «Son estas, las Instituciones y Administraciones competentes y especializadas en la protección de menores (entidades públicas y Fiscalía) quienes deben asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, deben velar por la protección de los menores afectados», Todo ello, dice el escrito, sin perjuicio de que la propia institución afectada adopte, «en el ámbito de sus competencias», sus propias medidas para evitar hechos similares.
En el informe de la Fiscalía, adelantado ayer lunes por El País, el Ministerio Público subraya su compromiso para participar en iniciativas parecidas que pudieran constituirse en España.
De momento, expone que ha hecho un seguimiento de las actuaciones desarrolladas por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), en diócesis como las de Burgos, Sigüenza o Astorga y en la Conferencia Episcopal.
El resultado de ese seguimiento es que «el panorama es deficiente» y requiere más impulso y nuevas iniciativas más eficaces en la «prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas en centros e instituciones religiosas».
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