En su comunicado emitido este 29 de noviembre, el Arzobispado de Oviedo indica que todas las funciones sacerdotales del P. Chus han quedado suspendidas “por los delitos de los que se le acusaba, entre los que se encontraban la grave conducta inmoral contra el sexto mandamiento del Decálogo y el abuso de menores, según las normas canónicas vigentes (menos de 18 años)".
El P. Jesús María Menéndez Suárez es un sacerdote asturiano de 63 años que desde hace dos se encontraba suspendido "a divinis" por su presunta implicación en varios casos de abuso de menores.
Había sido párroco de varias localidades asturianas, ejercido como profesor de religión y regentado una casa de acogida para extranjeros con dificultades en Gijón, Asturias (España).
El Arzobispado de Oviedo señaló que desde que se tuvo conocimiento hace dos años de las presuntas acciones delictivas que se le atribuían al sacerdote, se procedió a realizar una investigación.
Mientras ello se desarrollaba, el sacerdote fue suspendido de sus actividades como medida preventiva “en vista de la gravedad de los hechos denunciados", para asegurar la buena marcha de la investigación y del proceso administrativo penal.
Durante la investigación se interrogó tanto al sacerdote como a las presuntas víctimas y testigos y se recogieron pruebas. Las conclusiones fueron enviadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano.
El pasado 20 de febrero, este dicasterio emitió un decreto por el que se solicitaba al Santo Padre la aplicación del "Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela" para el P. Chus, algo que se hizo efectivo el pasado 6 de marzo, cuando el Papa procedió a la expulsión del estado clerical de Jesús María Menéndez Suárez, quien fue notificado recientemente.
El comunicado indica que "tanto la Archidiócesis de Oviedo como la Congregación para la Doctrina de la fe han creado todas las condiciones jurídicas materiales y procesales para que, con absoluta imparcialidad y equidad, se pudiera comprobar la veracidad de los hechos alegados".
Subrayan que se han salvaguardado "en todo momento el derecho de protección de las víctimas, el derecho de defensa del sacerdote acusado y su presunción de inocencia hasta el dictamen final de la Santa Sede".
Asimismo, señala que “la comunidad diocesana manifiesta su profundo dolor por unos delitos que han supuesto un daño enormemente lesivo tanto en personas adultas, como especialmente en menores de edad según la legislación eclesial, por parte de quien ha manchado la santidad de su sacerdocio y ha roto la comunión”.
Por ello, “pide perdón por la conducta reprobable de este sacerdote, expresa su voluntad de seguir velando por el bien de todos los fieles, especialmente los menores y más desprotegidos”.
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