Los eurodiputados izquierdistas pidieron a la Comisión su intervención en un escrito que recogía graves acusaciones contra la Iglesia sin ninguna prueba y que ya habían sido rechazadas con anterioridad tanto por la Justicia como por las autoridades españolas.
Según afirman desde el cabildo de la catedral cordobesa, la institución europea ha respondido “de manera contundente a estas cuestiones incluso por escrito, asegura que no hay base legal para intervenir y que tampoco tiene competencias en la materia remitiéndose a la legislación nacional en aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad del templo”.
Con anterioridad, el Ministerio de Hacienda español ya había señalado en 2014 que la Iglesia era la propietaria de la Catedral de Córdoba y que no constaba que el templo hubiese sido propiedad del Estado.
Tras las respuestas dadas por la Comisión Europea, por el Ministerio de Hacienda en 2014 y por la Justicia en torno a la titularidad del monumento, el Cabildo de la Catedral de Córdoba confía en que se ponga fin a esta polémica alimentada artificialmente por diferentes formaciones políticas.
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