Mons. Rogelio Cabrera, Presidente de la CEM; Mons. Carlos Garfias, Vicepresidente de la CEM; Mons. Alfonso Miranda, Secretario General de la CEM; y Mons. Raúl Castro, Tesorero General de la CEM; sostuvieron durante la mañana de Roma una audiencia privada con el Papa Francisco.
En ese encuentro, indicaron los obispos, dialogaron con el Santo Padre sobre el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, sobre el trabajo realizado por la CEM para proteger a los menores y sobre los esfuerzos de la Iglesia en la ayuda a los migrantes que atraviesan el país.
Tras la audiencia, los obispos mexicanos hicieron públicas en un comunicado sus tres “primeras consideraciones” para enfrentar los casos de abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia.
La primera, indicaron, es “situarnos a favor de las víctimas”, pues “hemos escuchado a algunas víctimas, palpado su dolor y nos duele profundamente el daño causado como Iglesia”.
“No es suficiente pedir perdón, es necesario un cambio de perspectiva. Poner a la víctima en primer lugar, escucharla, comprenderla, acompañarla y comprometernos en su proceso de sanación, promoviendo que en las diócesis se lleven a cabo los procesos de denuncia civil, ofreciendo toda la cooperación eclesial para colaborar con la autoridad ministerial”, aseguraron.
La segunda consideración, dijeron, es enfocarse en la “formación de sacerdotes”, y anunciaron que “como Iglesia reforzaremos, apoyados por especialistas, la selección y la formación de nuestros sacerdotes, desde su ingreso al seminario”.
Este esfuerzo apunta a que los seminaristas logren “una vivencia plena de su vocación”, así como “evitar tener sacerdotes que sean o representen un riesgo para los menores y para las personas vulnerables”.
La tercera consideración expresada por la CEM se basa en que “el Papa Francisco ha dado la indicación de reforzar y verificar las directrices de las Conferencias Episcopales elevándolas a un rango normativo, no solo indicativo”.
“En el caso particular de México, ahora le corresponderá a la CEM apoyar, supervisar y verificar en cada una de las diócesis, el cumplimiento, por una parte, de los procedimientos canónicos establecidos, estos últimos de acuerdo a las Líneas Guías, aprobadas por los obispos de México, y validadas por la Santa Sede; y por otra, el Protocolo de aplicación civil, conforme a la legislación sustantiva y adjetiva penal de los diferentes Estados de la República”.
Estos puntos concretos, expresaron los obispos mexicanos, serán implementados “inmediatamente”, y anunciaron que el 5 de marzo “daremos a conocer nuevas acciones que realizaremos a corto plazo”.
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