Entre las restricciones se incluye un período de espera de 24 horas para las mujeres que buscan abortar, leyes que prohíben a las personas que no son médicos la realización de abortos, y leyes estatales contra los abortos por telemedicina.
En un anuncio fechado el 3 de noviembre, Planned Parenthood Arizona (PPAZ) desestimó voluntariamente y sin explicación su demanda contra el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, presentada en 2019.
PPAZ señala que las leyes provida contra las que luchaba han reducido la cantidad de abortos que ha realizado en el estado en un 40% desde 2011.
Cathi Herrod, presidenta del Center for Arizona Policy, dijo a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– que Planned Parenthood trató de argumentar que la combinación de las diversas leyes provida de Arizona creaba una “carga indebida” sobre el derecho de la mujer a elegir el aborto.
El Center for Arizona Policy ha estado abogando por varias medidas provida en Arizona durante varios años, trabajando con la Conferencia Católica de Arizona y el Fondo de Defensa de Bioética para elaborar políticas, dijo Herrod.
“Es un gran día para las mujeres de Arizona y para los niños no nacidos. Planned Parenthood impugnó las leyes que básicamente preveían la salud y seguridad de las mujeres”, dijo Herrod a CNA en una entrevista.
En la demanda, Planned Parenthood había impugnado varias leyes en Arizona relacionadas con el aborto, incluidas las disposiciones que “prohíben efectivamente que cualquier persona que no sea un médico autorizado proporcione abortos y servicios relacionados”, así como la prohibición del uso de telemedicina para recetar píldoras abortivas.
“Las leyes que fueron impugnadas por Planned Parenthood eran todas regulaciones de sentido común que se aplicarían a casi cualquier otro procedimiento médico, por lo que es una muy buena noticia que hayan retirado esta demanda”, continuó Herrod.
Denise Harle, asesora principal del grupo legal cristiano Alliance Defending Freedom (ADF), también recibió con agrado el retiro de la demanda como una bendición para las mujeres de Arizona.
ADF, junto con un centro de embarazo provida del área de Phoenix, había intervenido en marzo en la demanda para defender la disposición del periodo de espera de 24 horas en la ley de Arizona.
“El aborto es una decisión que cambia la vida, y ninguna mujer debe ser apresurada o presionada a hacerlo. Es por eso que nos complace que Planned Parenthood haya notificado a la corte que quiere abandonar su impugnación defectuosa a las protecciones de sentido común de Arizona para las mujeres, que son similares a las que la Corte Suprema de Estados Unidos ya ha confirmado”, dijo Harle en un informe el 4 de noviembre.
“Como están de acuerdo muchos expertos médicos, los procedimientos médicos importantes que no son de emergencia no deben realizarse sin una consulta en persona o sin cita previa, y mucho menos por alguien que no sea un médico autorizado”, anotó Harle.
Planned Parenthood Arizona afirmó en su demanda que las leyes provida en cuestión han llevado a la organización a realizar un 40% menos de abortos en el estado desde 2011, y también han llevado al cierre de cuatro clínicas de aborto ubicadas en Yuma, Goodyear, Prescott Valley y Chandler.
Arizona impuso por primera vez su período de espera de aborto de 24 horas en 2009.
Al menos 26 estados exigen periodos de espera para las mujeres que buscan un aborto, la mayoría de ellos de 24 horas. Cinco estados —Utah, Missouri, Arkansas, Oklahoma y Dakota del Sur— tienen un período de espera de 72 horas.
La Corte Suprema sostuvo en 1992 que los períodos de espera de 24 horas no imponían una carga indebida sobre el derecho al aborto. Los tribunales federales no habían anulado el periodo de espera de un estado hasta este año, cuando en octubre un juez federal declaró inconstitucional un período de espera obligatorio de 48 horas para las mujeres que buscan un aborto en Tennessee, que había estado en vigor desde 2015.
Arizona ha aprobado varias medidas provida desde 2009, incluida una disposición según la cual los menores deben tener el consentimiento notariado de uno de los padres para obtener un aborto. El estado también aprobó en 2011 una prohibición de los abortos basada en la raza o el sexo del feto o en función de la raza de uno de los padres.
En 2015, la legislatura de Arizona aprobó una ley que prohíbe la cobertura de aborto de todos los planes de salud ofrecidos a través del intercambio de seguros de salud del estado.
Durante abril de 2018, el gobernador Doug Ducey promulgó un proyecto de ley que requiere que los médicos pregunten a las mujeres que buscan abortos, por qué desean acabar con el embarazo, ya sea por una violación o tráfico sexual. Las preguntas están destinadas a las mujeres que están siendo obligadas a abortar; las mujeres pueden negarse a responder.
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
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