Tres son los escenarios abiertos, pero ninguno de los tres contribuirá a remediar la difícil situación del país
El presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, respectivamente, barajan el futuro del obispo de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, a quien mantienen en detención domiciliaria desde el pasado viernes 19 de agosto.
Tres son los escenarios que se plantean desde ahora: el destierro, el que se mantenga encerrado en su casa (la opción casa por cárcel), o bien llevarlo preso al penal conocido como El Chipote; la cárcel preferida de la pareja presidencial para todos los que se oponen a su dictadura.
Los tres representan un grave problema tanto para la salud del obispo Álvarez (el cardenal Leopoldo Brenes ha dicho que la salud del obispo de Matagalpa, tras estar encerrado en la casa curial durante dos semanas, se encuentra deteriorada) como para la Iglesia de Nicaragua y para el propio régimen sandinista.
Desterrar al obispo Álvarez le valdría la repulsa internacional y provocaría grandes manifestaciones de los fieles católicos que conforman la mayoría religiosa del país centroamericano. Casa por cárcel traería la misma situación y el caos se produciría si lo meten a la cárcel.
Lo que estaría buscando Ortega es que, por razones de seguridad, el Vaticano tome la determinación de «pedir» al prelado matagalpino que salga del país; como lo hizo en 2019 con el entonces obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, un acérrimo crítico del presidente y de su esposa.
¿Por qué lo van a castigar?
Las recientes declaraciones del secretario de la Pontificia Academia para América Latina, Rodrigo Guerra, en el sentido que el Papa Francisco estaba informado y activo con respecto a Nicaragua y las palabras dedicadas a la situación del país por el propio Pontífice en el Ángelus de ayer domingo, hacen pensar en una posible salida diplomática.
El cardenal de Managua, Leopoldo José Brenes, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, sería el encargado de negociar el tema diplomático; ya que el país centroamericano no cuenta con un nuncio. El último nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag, fue expulsado por Ortega en marzo de este año..
Pero el escenario es complicado. El sociólogo Humberto Belli, ex ministro de Educación, dijo a El Confidencial que las actuales circunstancias exigen que la Conferencia Episcopal asuma una posición enérgica, porque «sería una claudicación ante el Gobierno ponerse de acuerdo en que el obispo se vaya de Nicaragua».
Según Belli, lo que tienen que hacer los obispos nicaragüenses «es reclamar que lo liberen». Y más adelante agregó a El Confidencial: «Es injusto que se vaya, es injusto que lo echen preso. No tienen por qué castigarlo de ninguna forma».
Publicar un comentario