El problema demográfico compete a toda la sociedad, y muy especialmente a los gobiernos, que deben tomar medidas dedicadas a la protección de la familia; medidas reales, eficaces, que sean verdaderas ayudas para los matrimonios que desean tener hijos y contribuyan así al bien general de una sociedad que en nuestros países europeos occidentales está envejeciendo a pasos agigantados, siendo conscientes de que las políticas familiares son inversiones cuyos réditos se cobran en el futuro. Y sin embargo nunca en el pasado la procreación humana y, por tanto, la familia basada en el matrimonio, que es su sitio natural y el único lugar verdaderamente adecuado para ella, están tan amenazados y atacados como en la civilización actual. Las causas son diversas, pero el eclipse de Dios, creador del hombre, está en la raíz de la profunda crisis actual. España, concretamente, no siendo ya un país pobre, es sin embargo uno de los países con más baja tasa de natalidad del mundo. Los motivos de ello no son tan solo el egoísmo y el hedonismo, sino también causas estructurales que penalizan el tener hijos, como pueden ser la disminución del número de matrimonios, la edad avanzada a la que se contraen, el aumento de la esterilidad, las dificultades para tener casa a precio razonable, el tamaño de los pisos, los problemas laborales y la ausencia de una política familiar eficaz, pues la ayuda a las familias es muy inferior a la media de los países de la Unión Europea. Económicamente lo conveniente es un crecimiento de población moderado continuo, pues no olvidemos que muchas industrias de todo tipo tienen a los niños o sus madres como principales clientes.
Pero mucho peor, y además una ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia, son todas aquellas actividades de los gobiernos o de cualquier otra autoridad pública, que van directamente contra la familia y sus valores (aborto, matrimonio homosexual, divorcio exprés, leyes educativas), En España tenemos ya en la mayor parte de las Comunidades Autónomas leyes en favor de la ideología de género, incluido el aborto, y para Septiembre se va iniciar una Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual,identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, que ya sido presentada por Podemos, pero a la que el PSOE y Ciudadanos ya han dicho que sí, y el PP se abstuvo.
Si uno lee la Constitución o la Declaración de Derechos Humanos, uno se da cuenta de la multitud de artículos que en estas leyes de Ideología de Género violan algún derecho humano recogido en la Constitución o en la Declaración de Derechos Humanos, pero cuando tras la petición de unas cuantas Asociaciones a la Defensora del Pueblo, ésta se negó a presentar el recurso de anticonstitucionalidad, está claro que no se puede ser muy optimista, y eso que las consecuencias para la educación, el matrimonio, la familia, las libertades públicas e incluso para el deporte (el deporte femenino se va al traste), son gravísimas.
En otros países, como China, se limita la libertad de los esposos en la decisión sobre el número de hijos y es el Estado el que decide el número de hijos que puede tener cada familia. Esta decisión no debe estar sometida a imposiciones gubernamentales, pues no es algo banal sino que toca realidades profundas de la persona como su sexualidad, su relación de pareja, su deseo de paternidad o maternidad. El resultado es un desequilibrio bastante fuerte entre el número de varones y el de mujeres, pues las parejas generalmente prefieren varones.
Con frecuencia también, los programas de ayuda a los países del Tercer Mundo se ven condicionados por la exigencia de la práctica del aborto, de la esterilización y del anticoncepcionismo. Por consiguiente, hay que condenar con energía cualquier violencia ejercida por las autoridades en favor del aborto procurado, la esterilización y el anticoncepcionismo. “Son moralmente condenables, como atentados a la dignidad de la persona y de la familia, los programas de ayuda económica destinados a financiar campañas de esterilización y anticoncepción o subordinados a la aceptación de dichas campañas” (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, “Compendio de Doctrina Social de la Iglesia” 234). Como decía una médico nigeriana la solución no es el aborto, sino la educación.
Pedro Trevijano, sacerdote
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