Quito, 22 May. 20 (ACI Prensa).- El asambleísta ecuatoriano Héctor Yépez exigió al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos López, que se informe a su despacho si la entidad gubernamental “ha recibido fondos o ha establecido políticas públicas” que se relacionen al reciente plan de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas (ONU), el cual incluye la legalización del aborto.
“En la actual tragedia que atravesamos Ecuador y el mundo, nuestra única prioridad debe ser salvar vidas y empleos. No obstante, el 30 de abril se presentó un Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 junto a las Naciones Unidas, que incluye el objetivo de brindar ‘aborto seguro legal’, escribió el asambleísta en la “Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2020-9320” enviada al ministro el jueves 21 de mayo.
El mismo 30 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador confirmó haber presentado a las Naciones Unidas (ONU) un presupuesto de 46.4 millones de dólares para la implementación de dicho plan.
En su misiva, Yepez citó el Objetivo 2 del Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19, capítulo Ecuador, página 22, que señala: “Sensibilizar y capacitar al personal de salud para que, en el marco de los derechos de las mujeres y adolescentes, se implemente el Paquete Inicial de Servicios Mínimos PIMS: Salud materna y complicaciones materno neonatales, acceso a anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto, prevención de ITS VIH y manejo clínico de la violencia sexual”.
“Ante ello requiero que se informe a mi despacho en el plazo máximo de 15 días si el Ministerio de Salud Pública ha recibido fondos o ha establecido políticas públicas en base al Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19”, exigió el parlamentario provida al final de su misiva.
Además de la iniciativa de este legislador, en un manifiesto publicado el viernes 15 de mayo, 35 movimientos provida acusaron a la ONU de aprovecharse de la crítica situación que atraviesa Ecuador por el coronavirus, para legalizar el aborto en el país.
Días antes, el 13 de mayo, ciudadanos ecuatorianos iniciaron una campaña a través de CitizenGO para pedir al presidente Lenin Moreno que “no acepte injerencias ideológicas de la ONU”, a la que acusaron de utilizar “su dinero” para efectuar un “chantaje”.
En una entrevista con ACI Prensa, la representante de la Red Familiar Guayaquil, Martha Villafuerte, aseguró que si bien este documento de la ONU “no es vinculante”, el “temor está en que nuestra máxima autoridad de Ecuador considere siquiera aceptar este chantaje económico de 46 millones a cambio de la vida de miles de niños por nacer”.
Villafuerte criticó duramente el documento, pues, en primer lugar, “va en contra de la Constitución, específicamente del artículo 45, donde se garantiza el derecho la vida desde la concepción, derecho que fue ratificado el pasado 17 de septiembre en el pleno de la Asamblea Nacional”.
En ese contexto, lamenta que “la ONU en su capítulo sobre ‘Salud sexual y reproductiva y salud materno neonatal e infantil’, pretenda chantajear al país al ofrecerle más de 46 millones de dólares, de los cuales 3 millones los destinaría directamente a ‘sensibilizar y capacitar al personal de salud sobre aborto seguro, legal, y la atención posterior al aborto’, cuando esto está expresamente prohibido por la ley en el Ecuador”.
Para ver la carta completa del asambleísta Héctor Yépez ingrese AQUÍ.
Publicar un comentario