En un comunicado del 21 de mayo, CLADEM o “Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer” criticó que USAID “condicione su ayuda humanitaria” a la eliminación de referencias a la “salud sexual y reproductiva”.
Asimismo, denunció las posiciones “fundamentalistas y antiderechos de la USAID” para “pretender coaccionar a las agencias de Naciones Unidas con el propósito de excluir de las políticas de ayuda humanitaria, la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva en el marco de la pandemia de COVID-19”.
Para la red feminista, USAID está “violando e interfiriendo con el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, derechos que deben ser garantizados a mujeres, niñas y adolescentes para el acceso a servicios esenciales en salud sexual y salud reproductiva, incluido el aborto”.
“Exigimos que la ayuda humanitaria y la cooperación internacional destine recursos de manera prioritaria para que, se garanticen los insumos necesarios para la atención de la salud sexual y reproductiva y que los gobiernos promuevan mecanismos autogestionados para la interrupción de embarazos no deseados durante el periodo de confinamiento, sin condicionar el aporte al que están comprometidos los gobiernos a posturas prejuiciosas y fundamentalistas”, sostuvo la red.
Entre las ONG feministas que se sumaron al comunicado de CLADEM se encuentran varias peruanas como DEMUS, Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Lifs Perú y Flora Tristán.
USAID, en su carta publicada el 18 de mayo, pidió al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y a “su personal y a los fondos, programas y agencias especializadas y técnicas de la ONU a mantenerse enfocados en las intervenciones que salvan vidas”.
“Le pido que elimine las referencias a la ‘salud sexual y reproductiva’ y sus derivados del Plan de Respuesta Humanitaria Global (Global HRP), y que elimine la provisión del aborto como un componente esencial de las prioridades de la ONU para responder a la pandemia de COVID-19”, escribió John Barsa, administrador interino de USAID.
La cabeza de USAID también le exigió a la ONU que no usara “esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un ‘servicio esencial’”.
El directivo también subrayó que “las Naciones Unidas no deberían intimidar ni coaccionar a los Estados miembros comprometidos con el derecho a la vida”.
Por otra parte, Barsa recordó que los estados miembros “están profundamente divididos sobre el uso del término ‘salud sexual y reproductiva’ y sus derivados, y se encuentra entre los temas más polarizadores planteados en las negociaciones de la ONU”.
Reaccionando a la carta de USAID, Lila Rose, fundadora y presidenta de la plataforma provida y profamilia Live Action, dijo que “el liderazgo de USAID nos alienta a retirar el telón del lenguaje eufemístico de ‘salud sexual y reproductiva’ de las Naciones Unidas, exponiéndolo como un intento de matar niños y explotar a las mujeres en los países donde son más vulnerables”.
“No puede haber defensa de los derechos humanos sin reconocer el derecho básico a la vida de cada ser humano, y eso incluye el derecho a ser protegido de la injusticia violenta y fatal del aborto”, recordó Rose.
Finalmente, instó al Gobierno de Estados Unidos “a que mantenga a la ONU y a las ONG globales con este estándar de respeto por toda la vida humana, y que haga todo lo que esté en su poder para prohibir completamente el asesinato de niños no nacidos, la injusticia más grande y de mayor alcance de nuestros días”.
En el 2006, USAID suspendió la ayuda económica que prestaba al grupo feminista Manuela Ramos, debido al uso indebido que las feministas hacían de fondos enviados por la institución norteamericana al Perú, en campañas de promoción y difusión de la píldora del día siguiente.
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