Ante la pandemia de COVID-19 y la preocupación por cómo ésta afectará a nuestras relaciones económicas existe el debate sobre el dilema entre Economía y Salud.
En el artículo “Ante la pandemia: ¿Economía o Salud?” ya vimos que esta relación de conflicto no se podría inferir de los datos agregados comparando entre países. De hecho, países como Perú, España y Reino Unido han demostrado haber afrontado la pandemia de forma muy deficitaria en términos de salud y liderando las caídas en PIB a nivel mundial.
Partiendo como razonable el conflicto entre ambas variables, se deduce que debe existir otras características de tipo estructural (calidad institucional, política gubernamental, seguridad, etc…) de los países que justifique esa observación macroeconómica.
Desde un punto de vista más microeconómico, parece estar fuera de toda duda que las medidas de choque de protección de la salud frente al Coronavirus, tales como confinamientos, están han paralizado la actividad económica y, por lo tanto, pondrían en evidencia ese dilema entre proteger la economía o la salud.
Pero llevándolo a su cara más cruda ¿podemos establecer un precio a la vida humana? Aunque esta cuestión pueda parecer escandalosa, está sobre el mantel mucho más de lo que nos creemos.
Pensemos por un momento en otro tipo de enfermedad viral a la que estamos acostumbrados. A pesar de las campañas de vacunación, la gripe estacional causa unas 650 000 muertes al año en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud, 2 800 en Francia y 6 300 en España.
Por otra parte, desde el punto de vista de las políticas públicas, cada año mueren miles de personas en accidentes de tráfico. En cambio, no se promueve ninguna medida de prohibición absoluta del uso de vehículos, cosa que llevaría a cero la mortandad por esta causa no tampoco se plantea paralizar la actividad económica para evitar estas muertes de cada año por gripe.
En consecuencia, en suma, estamos llevando a cabo una calibración entre el beneficio de interacción o de transporte y el riesgo de muerte. Por lo tanto, cada año de forma implícita estamos asumiendo un coste por vida humana tolerable.
Esto nos conduce a varias preguntas. ¿A partir de qué nivel de coste por vida se considera que mejor es proteger la actividad económica en lugar de las vidas? ¿qué coste económico puede soportar la sociedad para hacer frente a la pandemia?
En Ciencias Ambientales, se teoriza sobre el nivel de contaminación sostenible y compatible con los criterios de eficiencia económica. No es lo mismo la contaminación por una actividad nuclear descontrolada que un vertido a un río.
La primera requiere una suspensión inmediata en tanto que los costes medioambientales no pueden ser nunca compensados por los supuestos ingresos económicos. En cambio, en el segundo, se pueden desarrollar instrumentos fiscales para disuadir los vertidos indiscriminados, hacerlos sostenibles y compatibles e incluso fomentar la inversión en depuradoras.
De igual manera, las medidas llevadas a cabo por los gobiernos frente a la pandemia precisarían de un Análisis Coste Beneficio.
Para un análisis de este tipo se necesita se riguroso con lo que se desea cuantificar. Preguntarse qué cuesta una vida humana es absurdo porque la cuantificación es una dimensión material y la vida humana dispone de muchas más dimensiones que trascienden a la material. La cuestión es medir cuánto en conjunto, a nivel social, estaríamos dispuestos a pagar por reducir la probabilidad de morir.
En términos generales, desde los instrumentos que disponemos en Economía, utilizando el concepto de marginalidad, la decisión óptima entrañaría que el conjunto de la sociedad fuera desarrollando políticas de forma que el beneficio en términos de reducción de probabilidad de morir de la última medida sea igual al incremento del coste que implica llevarla a cabo.
Esto significa que, si el coste de la campaña de vacunación de gripe estacional se iguala al beneficio social de reducir la probabilidad de muerte por gripe, se debe llevar a cabo esta medida.
Pero si la siguiente medida, como por ejemplo un confinamiento para la gripe, diera un beneficio por reducción de la probabilidad de morir que no compensara los costes económicos que entraña paralizar la actividad económica, lo óptimo no sería llevarla a cabo. Lo mismo sucedería con los accidentes de tráfico y con la pandemia por la COVID-19.
En el artículo Risk guideposts for a safer society: Introduction and overview publicado en Journal of Risk and Uncertainty, el autor, Kip Viscusi, a partir de estos métodos, calcula el valor de una vida estadística para cada país. De esta manera para cada país podemos calcular cuánto está costando las muertes de esta pandemia.
Pero, además, si estimamos con técnicas econométricas de previsión cuántas vidas se pueden salvar gracias a una medida concreta podemos comparar su valor con el coste económico que puede comportar la medida. Esto nos permitiría tomar decisiones óptimas.
De momento, en la primera ola, el coste económico de las medidas para la inmensa mayoría de países ha sido menor que el coste en términos de vidas, o lo que es lo mismo, el beneficio por la reducción del riesgo de morir supera el coste de las medidas.
Pero no podemos ir dando palos de ciego. Se impone la virtud de la prudencia. Para esta segunda ola, necesitamos más transparencia y más datos para los análisis que van a ser necesarios. Nos jugamos mucho. Consideraciones de otro orden sólo entrañan mayores probabilidades de no salir bien parados de esta pandemia.
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