Lima, 23 Oct. 20 (ACI Prensa).- La ministra de Justicia de Perú, Ana Neyra, dijo el jueves 22 durante una entrevista televisiva que impulsará un proyecto para despenalizar el aborto por violación sexual de menores de 14 años.
“Impulsaremos un proyecto para que ya no sea delito que una menor de 14 años pueda cometer un aborto si es producto de una violación“, anunció a Canal N el 22 de octubre.
Gabriela Oporto, coordinadora de litigio estratégico de la ONG Promsex, institución que promueve el aborto y la ideología de género en Perú, declaró a Canal N que “el Ministerio de Justicia todavía está trabajando, es un documento muy preliminar”. “Todavía no lo han compartido”, señaló.
También dijo que espera que el documento “pronto se pueda materializar y conocerlo para hacer los aportes que sean necesarios”.
Luego del anuncio, abogados peruanos criticaron la declaración de la titular de justicia del país, remarcando la inconstitucionalidad de la iniciativa.
En declaraciones a ACI Prensa, el presidente del Colectivo Unidad, Juan Carlos Puertas Figallo, recordó que “el numeral 1 del artículo segundo de nuestra Constitución Política es bastante claro, en el sentido que el concebido es sujeto de derecho y tiene como tal derecho a la vida”.
“No obstante, este gobierno, utilizando la no penalización del aborto terapéutico en el Código Penal peruano, usó esta excepción penal para regularlo mediante una Resolución Ministerial, incluyendo una serie de casos que no necesariamente ponían en riesgo a la madre. Ahora, se pretende, mediante una ley, legalizar el aborto por violación en menores de 14 años”, dijo.
“De las declaraciones dadas por la ministra Ana Neyra, se entiende que esto se pretenderá hacer mediante una iniciativa legislativa que deberá ser aprobada por el Congreso”, continuó Puertas, y agregó que “en este caso, evidentemente estaríamos ante una cuestión abiertamente inconstitucional”.
Según el abogado peruano, “a pesar de lo claro de legislación peruana, lo real es que tanto el Tribunal Constitucional actual en el Perú, como el Poder Judicial peruano, vienen torciendo abiertamente el texto claro de nuestra Constitución, siguiendo los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los informes tanto del Comité de Derechos Humanos como del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer”.
Puertas dijo que no le sorprendería “que en caso este proyecto no logre ser aprobado por el Congreso, el Gobierno use algún otro artilugio legal para sacar una Guía Médica o alguna figura similar para camuflar el aborto en estos casos por la edad de la gestante”.
“Porque como ya indiqué, las instituciones de Justicia en el Perú están totalmente ideologizadas y dejan invadir nuestra soberanía jurídica por los entes internacionales de una forma tristemente genuflexa”, agregó.
Por su parte, Alejandro Muñante, vocero de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, también señaló que “las leyes tienen que estar fundamentadas en la Constitución”, que “ampara los derechos del concebido, siendo la vida el más importante de ellos”.
“Cuando ocurre un embarazo, ya no estamos ante una vida, sino dos, y el Estado tiene la obligación de ampararlas, de lo contrario sería una abierta discriminación por razón de edad contra una de ellas. Estos casos excepcionales deberían tener una cobertura estatal que no existe y el aborto no será jamás la solución”, aseguró el abogado.
La situación del Perú en el escenario internacionalEn declaraciones a ACI Prensa, la abogada Erika Valdivieso López, investigadora y profesora adscrita del departamento de ciencias jurídicas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), recordó que el Gobierno de Perú no se ha adherido a dos importantes declaraciones internacionales conjuntas que defienden el derecho a la vida desde la concepción y que se hicieron públicas el jueves 22 octubre.
La primera de las declaraciones es la “Geneva Consensus Declaration” (Declaración de Ginebra: Consenso), firmada por Estados Unidos y otros 31 países. Mientras que la otra se titula “Fortalecimiento de la familia y los derechos de las mujeres de todas las edades”, y fue presentada por las delegaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Estados Unidos, Santa Lucía y Venezuela, en el contexto de la 50 Asamblea General Anual de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Valdivieso indicó que ambas declaraciones, “suscritas por varios países, entre los cuales no figura el Perú, sientan un precedente muy importante en la protección de la vida desde el momento de la concepción, y el reconocimiento de la importancia de la familia como sujeto social y pasible de protección del Estado”.
La abogada explica que la declaración de Ginebra no solo “reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; el igual acceso de mujeres y niñas a educación de calidad y toma de decisiones”, sino también “que el derecho a la vida es inherente a la persona, y sobre todo que no existe el derecho internacional al aborto, lo cual supone que cada Estado debe legislar en función de lo que su soberanía determina”.
Por otro lado, señaló que la declaración conjunta ante la OEA, “reconoce que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos” y “que la familia ha funcionado como un pilar sólido en tiempos de pandemia”. La abogada indicó que este documento “hace una especial referencia a que todos los niños tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales y, finalmente, reconoce que todas las naciones tienen el derecho soberano de proteger la vida desde la concepción”.
“Luego de estas declaraciones, queda muy claro que ningún gobierno (mucho menos el peruano) puede apelar a ‘obligaciones internacionales’ para intentar legalizar el aborto –en tanto no es un derecho– o aprobar normas que atenten contra la familia”, aseguró Valdivieso a ACI Prensa.
También precisó que muchos ciudadanos peruanos se están preguntando “cuáles podrían ser las razones por las que Perú – a través de sus representantes internacionales– no ha llegado a suscribir estos acuerdos”.
“Parece ser que, desde el Ministerio de Justicia tienen otras intenciones. Esto se verifica porque la ministra ha señalado que impulsará una iniciativa para despenalizar el aborto en el caso de menores de 14 años víctimas de violencia sexual y establecerlo como ‘derecho’, pese a que el aborto no tiene efecto terapéutico y que se debe analizar, desde las ciencias de la salud, cada caso concreto”, añadió.
La abogada pidió recordar “que la legalización del aborto en casos de violación no atiende las causas, ni evita la comisión del delito, que es hacia donde el Estado debería dirigir sus esfuerzos”.
Finalmente, Valdivieso dijo que ambas declaraciones conjuntas “reconocen la soberanía de los Estados y la sujeción a sus normas internas”.
“En el caso de Perú, se reconoce que la vida comienza desde la concepción (Art, 1°Código Civil), que todas las personas tienen derecho a la vida ya que el concebido es sujeto de derechos (Art. 2° de la Constitución) y que la protección de la familia y la promoción del matrimonio son deberes de la sociedad y del Estado (Art. 4° de la Constitución); por tanto, el Estado no puede desconocer sus obligaciones y en consonancia con nuestro marco jurídico, debería adherirse a ambas declaraciones internacionales”, concluyó.
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