Que España tiene un grave problema de desigualdad creciente, pobreza, y reducción de las prestaciones en sanidad y otros servicios básicos es una evidencia. Que el PP ha demostrado una insensibilidad social fuera de medida, también. Que todo eso necesita un buen abordaje es obvio. Ahora bien, este estado de cosas no significa proponer políticas de campanario, como hace Podemos, y ahora el PSOE, y es más lamentable porque es el partido con mayor experiencia de gobierno de España y tiene un secretario general que, a diferencia de Zapatero, es un profesor universitario de economía. Pero por lo visto esto no inmuniza.
El PSOE ha presentado un programa de 11.000 millones para política social que piensa alimentar con mayor presión fiscal. Concretamente, aumento del IRPF para las rentas más altas, un impuesto a las grandes fortunas, aumento del impuesto de sociedades y mayor recaudación al actuar más sobre la economía sumergida, así como un nuevo impuesto de las transacciones financieras. Lo malo es que, como casi siempre, las cifras en el apartado de ingresos escasean, mientras que en las del gasto sí se precisan, porque además de los 11.000 millones se rebajará el IVA cultural, del 21% al 5%, y se contrataran 5.000 nuevos efectivos en Hacienda para perseguir la defraudación fiscal, es decir menos ingresos y más gastos.
No se trata ahora de discrepar de las propuestas sino de la ausencia de datos con que son presentadas. ¿Qué significa aumentar a las rentas más altas, en cuánto, qué considera el PSOE rentas de este tipo? Las preguntas en busca de concreciones se multiplican sin hallar respuesta.
Hay que decir que en este juego siguen pasivamente los periodistas, que informan acríticamente de los cuatro datos y no se preocupan de inquirir una mayor especificación y precisión. Si esta fuera la tónica general, los partidos políticos se lo pensarían dos veces antes de presentar sus programas económicos.
Solo será posible elevar el nivel si aplicamos un instrumento que ya existe en otros países, caso de Holanda. Se trata de una instancia independiente que tiene como único fin examinar las propuestas económicas de los partidos y gobiernos, verificar su consistencia y coherencia, y recabar mayores precisiones cuando es necesario, así como advertir a la sociedad de las posibles contradicciones o insuficiencias de las propuesta. Sería un paso decisivo para ganar en calidad democrática y eficiencia de gobierno.
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