45 y 42 años recibieron en esta primera instancia los acusados Horacio Corbacho y Nicola Corradi, y 18 años el jardinero del predio Armando Gómez, imputados por más de 20 delitos de abuso cometidos contra alumnos del Instituto Próvolo, niños y jóvenes con discapacidad que estaban a su guarda. Resta además la concreción de dos juicios en el que se abordará la situación de dos religiosas y las autoridades administrativas y docentes del Instituto.
Los relatos aportados por las víctimas, que debieron declarar en muchos casos por lenguaje de señas, son en algunos casos abominables. Varias de ellas prefirieron no estar presentes durante el juicio y la lectura de la sentencia.
“Como Iglesia, queremos trasmitir una vez más nuestra solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones. Lo que han relatado estas personas ha horrorizado a toda la sociedad mendocina. Así lo hemos experimentado en nuestras comunidades cristianas. Todos nos hemos sentido desconcertados y dolidos”, expresó el Arzobispado de Mendoza en un comunicado, en el que además aseguró: “El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor; por eso urge reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad”.
El caso puso de manifiesto además irregularidades en el traslado internacional de los religiosos, ya que Corradi, informó la prensa italiana en su momento, había sido denunciado en Verona. Aunque no había sido encontrado culpable.
Ambos sacerdotes se encuentran suspendidos de su función sacerdotal por el Arzobispado desde el inicio de la investigación, pero su dimisión del estado clerical es una sentencia canónica solo dictada por la Santa Sede. Con el avance de esta causa civil y la información recolectada, podría acelerarse una sentencia en ese sentido, según expresaron autoridades eclesiales tanto de Mendoza como de la Santa Sede a la prensa argentina.
Además de estos condenados, el año pasado, en juicio abreviado tras reconocimiento de culpabilidad, fue condenado a diez años de prisión el laico Jorge Bordón, ex empleado del Instituto.
Se trata del caso más grave de abuso sexual cometido en el ámbito de la Iglesia Católica argentina, consideró a la radio La Red el Obispo monseñor Sergio Buenanueva, coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables. “Este caso, por las características de extrema pobreza, vulnerabilidad y chicos que han estado bajo la guarda del Próvolo, es de una gravedad inusitada”, completó.
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