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Baste con ver el asedio a la parroquia San Miguel Arcángel, en Masaya, Nicaragua, en la que fuerzas policiales fieles a Daniel Ortega rodearon y asediaron el templo mientras adentro familias se reunían a rezar por sus seres queridos detenidos por causas políticas por el régimen. Sí, es cierto que no entraron a los balazos a capturar y luego ejecutar tras efímeros juicios populares, pero en la irracionalidad del asedio hasta detuvieron a personas que llevaban víveres a las familias.
También son perseguidos los cristianos venezolanos. Lo explicó hace unos meses el cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida y presidente del episcopado venezolano, durante una reunión con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Colectivos fieles al gobierno de Maduro se apuestan cerca de las parroquias para escuchar los sermones de los sacerdotes, y si no les satisfacen, comienzan las amenazas. Lo mismo con las instituciones educativas católicas, que ante las restricciones parecieran ser forzadas a cerrar.
El Código Penal que el expresidente de Bolivia Evo Morales pretendía rija la vida de Bolivia imponía penas de prisión a quien participe del “reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto”. Como se lee, y advirtió el episcopado boliviano en su momento, se ponían en un mismo nivel a los grupos terroristas con lo que puede ser, prácticamente, un grupo misionero.
En otros países con por ahora mayor estabilidad política, como Argentina, puede haber persecuciones encubiertas en legislaciones o propuestas en general asociadas a la Ideología del género. La campaña por la legislación del aborto, cuya última propuesta fue un rápidamente derogado protocolo de la Secretaría de Salud, insiste en prohibir la objeción de conciencia colectiva, es decir, de las personas que con un ideario fundado en una ética o idea religiosa crean una institución, en este caso de salud. Pero podría aplicarse por analogía a las instituciones educativas, como insinúan algunas propuestas de Educación Sexual Integral.
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¿A quién se aplica si no es a la Iglesia, y en todo caso, las iglesias evangélicas, este tipo de prohibiciones? Expresar: los católicos y cristianos en general no serán libres de gestionar organizaciones de salud o educativas de acuerdo a sus principios como hasta ahora tiene el mismo impacto que promulgar normativas como las pretendidas.
Alarma también la persistente agresividad para con los templos católicos en Chile, y el repaso podría llevar a encontrar, en menor o mayor medida, peligrosos antecedentes en todo el continente.
La Guerra Cristera cumple 90 años. La persecución ha mutado, pero no desaparecido. Y se ha extendido en distintas formas a todo el continente.
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