, 21 May. 20 (ACI Prensa).- Activistas provida en Estados Unidos aseguran que la anunciada junta de supervisión independiente creada por Facebook genera una serie de dudas sobre la libertad de expresión, la ideología de género y la promoción del aborto en la red social.
Los defensores del derecho a la vida han expresado su preocupación por el hecho que al menos un miembro de la junta está vinculado con un grupo que logró detener una campaña provida en Kenia (África) en 2019.
“Facebook es un lugar donde mucha gente intercambia ideas y comparte sus vidas”, comenta Kristan Hawkins, presidente de Students for Life of America.
“Las políticas de Facebook deben reflejar una sociedad más amplia, en la que se abracen los discursos que no incitan a la violencia. Es irónico que el discurso provida sea siempre censurado, considerando que nos manifestamos contra la violencia del aborto y también a favor de las mujeres y sus niños por nacer”, dijo la joven a CNA, agencia en inglés del Grupo ACI.
En su opinión, existe un claro sesgo a favor del aborto en la mayoría de las plataformas.
Hawkins comentó que “gente provida y a favor de la fe debe hacer parte” de la junta de supervisión, considerando que estas personas suelen ser afectadas por los códigos de conducta, como le ha ocurrido a Students for Life en distintas universidades.
“Aceptar solo a gente que apoya el aborto generará un sistema defectuoso que llevará a posiciones abortistas, algo que es particularmente problemático ya que ambos lados tienen opiniones fuertes y la ciencia necesita ser debatida”, dijo.
Otro grupo provida que ha sufrido la censura de Facebook es Live Action. Indicó que uno de los médicos que ordenó la censura y dijo que su contenido era falso, hace abortos y es parte de la institución abortista NARAL.
“Facebook ha enviado una alerta a mis seguidores diciendo que yo comparto ‘noticias falsas’, porque señalo que el aborto nunca es necesario médicamente, un hecho respaldado por miles de gineco-obstetras y expertos médicos”, denunció a finales de agosto Lila Rose, fundadora y presidenta de Live Action.
Las apelaciones a este tipo de juicios podrán llegar pronto a la nueva junta de supervisión de Facebook, que también ayudará a establecer las políticas para esta red social y para Instagram, que también es propiedad de la empresa liderada por Mark Zuckerberg.
Facebook tiene más de 2.600 millones de usuarios al mes y 1.700 millones al día, indica Yahoo Finance.
Para establecer la junta de supervisión independiente, Facebook estableció un fondo de 130 millones de dólares y luego nombró a cuatro miembros, que luego nombraron a otros 16 integrantes. Este proceso de selección seguirá hasta llegar a 40 miembros, todos de distintos contextos profesionales, religiosos, culturales y políticos.
Los miembros de la junta estarán en ella por periodos de tres años, con un máximo de tres periodos. Todos recibirán un pago por este trabajo.
Entre los miembros de la junta está el exjuez federal y profesor en la Stanford Law School, el católico Michael J. McConnell. Recientemente hizo un comentario breve sobre Facebook en una ponencia realizada en San Francisco.
“Google, Twitter y Facebook son empresas privadas. No son del gobierno y sus políticas sobre lo que mantienen o censuran son muy importantes para la libre expresión, y tenemos todo el derecho como estadounidenses y como usuarios de esos servicios a protestar y pensar que están haciendo algo mal. Pero ese no es un asunto legal. No están gobernadas por la Primera Enmienda”, dijo McConnell.
La Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, vigente desde 1791, establece entre otras cosas, la prohibición de leyes que impidan o reduzcan el derecho a la libertad de expresión.
Los críticos de la junta de supervisión incluyen a la Free Speech Alliance (Alianza por la Libertad de Expresión), una coalición de más de 60 organizaciones reunidas por el grupo Media Research Center.
En una declaración del 7 de mayo, esta institución dijo que con la junta es “probable que Facebook haga que sus políticas de restricción de contenidos sean peores”.
Otra miembro de la junta es la colombiana Catalina Botero Marino, una abogada especialista en derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y justicia transicional. Ha sido relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde septiembre de 2016 es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.
El 5 de mayo fue incluida como una de las directoras de la junta del Center for Reproductive Rights, una “organización global legal que lucha para asegurar que los derechos reproductivos sean garantizadas por la ley como derechos humanos”. Esto incluye el aborto y los anticonceptivos.
CNA buscó una declaración del Center for Reproductive Rights y de la junta de supervisión de Facebook y, hasta el cierre de esta edición, no recibió respuesta de ninguno de los dos.
Matt Lamb de Students for Life, denunció además que otro miembro de la junta de supervisión y profesora de derecho en Stanford, Pam Karlan, es “radicalmente proaborto” y defiende esta práctica durante los nueve meses de embarazo.
Para Hawkins, que firmó la declaración de la Free Speech Alliance, el movimiento provida es el blanco de la “desinformación y tiene en contra un sesgo por parte de los medios, la cultura dominante y los políticos en el país”.
La declaración también expresa la preocupación de que la junta de supervisión de Facebook censure el discurso que defiende el matrimonio, la libertad religiosa, la vida de los no nacidos, entre otras causas, bajo el pretexto de considerarlas “discurso de odio”.
También criticaron los nexos de algunos miembros de la junta con el magnate George Soros, creador de la Open Society Foundations (OSF), conocida por financiar campañas a favor del aborto y de la implantación de la ideología de género en todo el mundo.
Afia Afia Asantewaa Asare-Kyei, un abogado especialista en derechos humanos, es el administrador de programas de la Open Society para África Occidental. En su información se consigna que es un defensor de los “derechos LGBT”.
Actualmente, la política de Facebook contra los discursos de odio prohíbe ataques directos de acuerdo a “características protegidas” como “raza, etnicidad, origen nacional, afiliación religiosa, orientación sexual, casta, sexo, género, identidad de género, y enfermedad grave o discapacidad”.
En un post de blog de 2017, el ejecutivo de Facebook, Richard Allen, indicó que la red social borró en dos meses ese año un promedio de 288 mil publicaciones a la semana, considerando el discurso de odio.
Otra institución católica que ha sido víctima de las políticas de Facebook en 2018 fue la Franciscan University of Steubenville, a la que le censuraron un anuncio de sus programas de teología por considerar que la cruz que aparecía en él era violenta y sensacionalista.
Traducido y adaptado por Walter Sánchez Silva. Publicado originalmente en CNA
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