, 09 Ago. 22 (ACI Prensa).- La Fundación Española de Abogados Cristianos ha ampliado la querella contra la concejal encargada del derribo y traslado de la Cruz del parque de Ribalta en Castellón (España) al considerar a la empresa adjudicataria como “poco menos que empresa fantasma”.
El escrito de ampliación de querella contra la edil socialista Pilar Escuder presentado por la plataforma de juristas considera que cabe prevaricación “por omisión” en la actuación de la concejal debido a su posición de garante del proceso de adjudicación de las obras.
A juicio de los juristas, la concejal habría pasado por alto la precaria situación jurídica de la empresa que fue elegida para realizar el derribo o traslado de la Cruz de Ribalta. Una investigación de Abogados Cristianos ha revelado que:
La sede social de la empresa “es ficticia”, pues está domiciliada en un espacio de coworking. Hacienda también “está teniendo los mismos problemas para localizar a la empresa y su responsable”. Se trata de una empresa con bajísima liquidez y con un “riesgo máximo” de impago. Según un informe aportado por los querellantes, el 94% de las empresas de su sector “registran menor probabilidad de impago”. La empresa no posee experiencia en el sector, al haber sido constituida hace solo un año. El objeto de la empresa es la “preparación de terrenos”. Sin embargo, en el objeto del contrato del ayuntamiento se habla de realizar “trabajos de demolición”.Por otro lado, el administrador de la empresa adjudicataria es titular de “otras muchas empresas”. Sin embargo “de ninguna de las empresas de las que aparece como administrador se conoce actividad social alguna desde su constitución salvo de una”.
La única empresa con actividad “tiene serios problemas de todo tipo, legales, judiciales y económicos” de tal manera que “se encuentra inhabilitada para contratar con cualquier administración pública”.
Debido a esto, Abogados Cristianos concluye que la empresa adjudicataria que considera “fantasma” “se ha creado con la intención de eludir el impedimento para contratar de la otra empresa”.
La concejal está "eludiendo sus responsabilidades"Presentados los hechos, sostenidos en cuatro informes y una grabación presentados por Abogados Cristianos, la ampliación de querella subraya que, por parte de la concejal socialista Pilar Escuder se habría producido “una evidente negligencia y una infracción del deber de cuidado”.
A juicio de los juristas la concejal querellada “está eludiendo sus responsabilidades” como responsable de “supervisar todo el procedimiento de contratación y adjudicación”.
Como agravante de la acusación de prevaricación, Abogados Cristianos subraya que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón no ha contestado las alegaciones presentadas.
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que “la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”.
Se da la circunstancia de que este martes 9 de agosto de 2022 concluye el plazo preceptivo de alegaciones.
La Cruz del Parque de RibaltaEl equipo de gobierno formado por partidos de izquierdas tiene en su punto de mira la cruz del Parque de Ribalta que fue instalada en los años 40 bajo la leyenda, común en la época en honor a los “Caídos por Dios y por España”. Ya en el año 1979 se sustituyó la leyenda por la de “Las víctimas de la violencia”.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007, muchos han sido los Ayuntamientos y administraciones públicas, incluido el Gobierno de la Nación, que han tratado de derribar cruces colocadas en lugares públicos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, incluida la más grande del mundo, en el Valle de los Caídos.
En este caso, además, apoyados en la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana aprobada en 2017, bajo la consideración de la cruz como “vestigio del franquismo”.
Publicar un comentario