MADRID, 28 Feb. 19 (ACI Prensa).- Amaya Azcona, directora general de la Fundación RedMadre, pidió ante la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado de España que se lleve a cabo un Pacto de Estado por la Maternidad.
Ante los senadores, Azcona señaló que la maternidad “no es tarea fácil cuando el entorno es hostil, cuando la pareja se desentiende, cuando se sufre abandono, amenaza, abuso o maltrato y cuando se viven situaciones en que el acoso familiar, social y laboral dejan de lado su maternidad, relegándola a la soledad y a la precariedad en ámbitos tan vitales como el afectivo y el económico”.
Por eso destacó que desde su creación en 2007 la Fundación RedMadre ha prestado ayuda a 80.512 mujeres. En concreto durante el año 2017 fueron 18.607 y tras ofrecerles soluciones positivas, 9 de cada 10 siguieron adelante con su embarazo.
“Son mujeres embarazadas y madres con hijos pequeños que se encuentran en situaciones de especial discriminación personal, social y laboral. Las asesoramos para que puedan afrontar por sí mismas esas situaciones y avanzar”, explicó la directora general.
También destacó que la fuerza de esta fundación de ayuda a la maternidad radica “en la voluntad última de la mujer de ser madre, motivo por el cual acude a nosotros en busca de apoyo emocional, material, legal o de cualquier otro tipo”.
Sin embargo, señaló que “las embarazadas en situación de vulnerabilidad a consecuencia de su embarazo son un colectivo abandonado por las administraciones públicas. El apoyo a la maternidad no ha sido un asunto prioritario para los políticos españoles”.
Azcona expuso los datos del estudio “Mapa de la Maternidad” que elabora RedMadre cada año y en el que se demuestra que “España dedica menos de 8 euros anuales a ayudas por mujer embarazada. 3.665.102 millones de euros gastan las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos en ayudas concretas a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad”.
“La conclusión es sencilla: no existen políticas públicas de apoyo a la mujer embarazada”, afirmó.
La directora general de RedMadre recordó la expresión utilizada por Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, en noviembre de 2018 cuando aseguró que “en España la maternidad está penalizada”.
En este sentido Azcona explicó que un ejemplo de esta penalización “se observa en el mundo laboral” y “analizando los datos sobre la llamada brecha salarial entre hombres y mujeres se puede observar que quien está discriminada no es la mujer en abstracto, sino la que es madre. Tanto en tasas de ocupación como en retribuciones hay una sustancial similitud entre hombres y mujeres hasta que se produce la maternidad”.
Por eso Azcona subrayó que “para lograr la igualdad efectiva sugerimos políticas que contemplen: medidas eficaces de conciliación, bajas por maternidad y paternidad más largas, deducciones fiscales a la familia en función del número de hijos a cargo, acceso a guarderías universal y gratuito, horarios racionales que faciliten la vida familiar, crear y dotar anualmente en los presupuestos una prestación universal por hijo a cargo con una cuantía similar a la de otros países de la UE de la que sean beneficiarias todas las mujeres que sean madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad”.
Asimismo, de manera especial solicitó “medidas concretas de apoyo a la mujer embarazada con dificultades”, entre las que propuso de manera concreta la consideración como “madres gestantes en situación de vulnerabilidad” a aquellas que, por motivos de edad, cultura, salud, situación socioeconómica, o cualquier otra circunstancia personal o social, “encuentran especiales dificultades para culminar con éxito su embarazo”.
También pidió “formar una Red de Acogida a gestantes en situación de riesgo que precisen de un lugar donde habitar mientras siguen adelante con su embarazo”, “acceso a un salario social básico siempre que sea necesario para ayudar en la viabilidad del embarazo”, y “actuaciones específicas para embarazadas estudiantes incluidas las universitarias”.
En ese sentido Azcona subrayó que “si las Administraciones Públicas desarrollasen y financiasen políticas con ‘perspectiva RedMadre sería posible hacer llegar el apoyo al 100% de las mujeres que lo necesitasen”, algo que además haría que alcanzaran “una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y se superaría la penalización por maternidad especialmente en el ámbito laboral”.
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