Ante el estado público de la cuestión, el gobierno argentino lanzó un plan de emergencia para alcanzar poblaciones que parecen aisladas de la civilización, y cuyos padecimientos asociados a la deforestación, clientelismo político, actividades económicas ilegales, entre otras, mucho tienen que ver con aquella de la que advierte el papa Francisco en “Querida Amazonia”.
Sin embargo, desde hace décadas organizaciones trabajan para atender una emergencia que, si bien parece crónica, puede tener perspectivas de solución.
Para entender el presente y las perspectivas de estas comunidades, Aleteia conversó con Gabriel Seghezzo, director ejecutivo de Fundapaz, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, organización que desde 1973 trabaja por el desarrollo rural sustentable de comunidades indígenas y familias campesinas de la región del Chaco argentino, en la que ocurrieron estos fallecimientos.
Desde Salta, Seghezzo explica que el uso de estas tierras por partes de estas comunidades es “ancestral”. En algunos casos, se trataban de hábitats distintos, previos a actividades económicas que los transformaron por completo. “Se calcula que al menos están ahí hace unos 7.000 años. Esto era un territorio único a lo largo de los dos grandes ríos, el Bermejo y el Pilcomayo. En las últimas décadas muchas comunidades fueron accediendo a sus títulos de tierra”, algunas en sus comunidades originales y otras en otras tierras fiscales del Estado, aclara.
La etnia más numerosa
En la zona existen 5 etnias a lo largo del río Pilcomayo y Bermejo. La wichi es la más numerosa pero también hay Tobas, Chorotes, Tapietes y Chulupies. “Estas 5 etnias además conviven hoy con lo que llamamos pobladores criollos ganaderos que en muchos casos sufren las mismas problemáticas que las comunidades con un uso del territorio diferente y por el cual han tenido muchos conflictos, ya que son ganaderos”, completa. La Emergencia pone foco en los wichis, aunque las condiciones afectan a todos.
Con la tierra no alcanza
Durante años se puso foco en la titularidad de las tierras que habitan estas comunidades. Pero aún con importantes avances en el tema, la situación sigue siendo crítica. Existen muchas comunidades, aclara Seghezzo, que no tienen titularidad de las tierras y territorios, aunque en Santa Victoria, una de las zonas más problemáticas de acuerdo a lo denunciado estas semanas, “luego de décadas de reclamos y propuestas” en 2014 se cedió la titularidad de 400,000 has a comunidades, y 243,000 has a campesinos criollos”. No obstante, “hoy está pendiente la realización de muchas obras de caminos, acceso al agua, escuelas, hospitales y un programa de reconversión ganadera para los criollos y un plan de manejo de los recursos para las comunidades para que dicho acuerdo se plasme en el territorio dejando ambos grupos ubicados definitivamente en donde les corresponde”.
En este punto, Seguezzo advierte sobre la situación que, observan los expertos, más afectó la salud de los niños fallecidos: “El acceso a la tierra necesita imperiosamente la necesidad de resolver el acceso al agua para que sea efectiva la ocupación efectiva de los territorios”.
Agua incompatible con el consumo humano
La zona de Rivadavia, junto con la de Santa Victoria una de las que concentran las alarmas, “tiene en general problemas serios de agua subterránea, ya sea salina, con arsénico, o ambas, dependiendo de la zona del departamento que se trate”. Además, completa, el 52% de la población rural está dispersa, “lo que hace muy difícil o imposible por temas de costos perforar pozos profundos de más de 200 mts para cada familia”.
Soluciones posibles para el acceso al agua
Para los centros urbanos quizás la inversión de pozos profundos y distribución por cañerías sea la mejor alternativa, aunque en “algunos pueblos tampoco esto ha ocurrido”. “La solución para el acceso al agua para consumo humano y productivo es muy compleja y depende de diversas tecnologías”, sintetiza.
“Para la otra mitad de la población dispersa la captación de agua de lluvia es quizás la única alternativa válida”, sugiere, e ilustra con un programa efectivo de construcción de cisternas del que participa Fundapaz. Se trata de cisternas de placa de 16.000 litros, calculadas para abastecer una familia durante 8 meses de sequía, copiando un programa brasileño que en los últimos 20 años en una zona similar al Chaco Salteño construyó 1.2 millones de cisternas de este tipo y hoy abastece a 5 millones de brasileños. Desde 2016, en el caso de Rivadavia, funciona la Mesa del Agua, de la que participan organismos internacionales y nacionales, del tercer sector y del Estado. Hoy hay unas 200 obras construidas o en
construcción, aunque el plan para Rivadavia contempla la construcción de más de 2,000 cisternas.
No solo para beber
Una vez que se resuelve el tema del agua para el consumo humano, se ha de resolver la cuestión para la producción. “Aquí pozos donde el nivel de sal puede ser tolerado por animales o sistemas de captación de lluvia como represas, madrejones, reservas del lecho de las propias inundaciones, etc., pueden aportar agua para la producción animal y agrícola. También se pueden promover sistemas de cosecha de lluvia en cisternas de 52.000 litros con sistemas de riego por goteo, frutales, o pequeñas huertas”, sugiere Seghezzo.
Pero más allá de estas soluciones, advierte que “la zona tiene pendiente ejecutar un programa de reconversión ganadera integral que transforme el sistema actual de los criollos en un sistema de cría con ciertos niveles de manejo técnico en pasturas, sanidad, comercialización, etc. Y para las comunidades promover sistemas ganaderos y agrícolas acordes a su forma de producir con un sistema de aprovechamiento forestal técnico y aprovechamiento de productos no madereros como miel, artesanía, brea, pesca, entre otras.
No solo el agua
Como si fuera poco, en algunas zonas “existen a su vez personas que hacen una explotación ilegal de madera, robándola de territorios fiscales o utilizando los niveles de pobreza para que las propias comunidades o familias criollas les vendan palo santo, algarrobos, quebrachos a precios bajísimos”. Además, pesca y venta sin control sobre los ríos, tráfico ilegal de drogas y animales en la frontera con Bolivia, afectan las posibilidades de desarrollo.
Ver más allá de la emergencia
La situación clama al cielo, advierten los medios de comunicación, tras la muerte de los niños. Pero, advierte Deghezzo y muchas otras organizaciones que trabajan en la zona desde hace décadas, lo que hoy se vive es “hace décadas igual”.
“Para sacar esta zona del atraso actual hay que trabajar décadas correctamente y constantemente. Entregar la tierra, hacer las mejoras y dotar de los servicios mínimos como escuela, agua, salud, hay que instrumentar un programa de manejo de los recursos naturales para que las familias puedan desarrollarse en sus lugares de origen, entre otras medidas”, sugiere.
Una mirada con esperanza
En Fundapaz, como en muchas otras organizaciones que apuestan a combatir el olvido y sanar las heridas y enfermedades de hoy, hay esperanza.
“A pesar de todo estos problemas y la pobreza extrema fomentada entre otras cosas por el clientelismo político, es una zona de un enorme potencial productivo y de vida. Es un territorio enorme, con grandes extensiones de tierra, de ríos caudalosos, de fauna y flora espectacular –aunque degradada-, con una población poco numerosa comparada con otras regiones. Sólo se necesitan algunos elementos básicos para pensar un programa de desarrollo rural concreto y que en algunos años cambien la realidad de la zona. Podemos decir que es una zona olvidada, desigual, abandonada de todo esquema de política pública y de inserción social, pero para nada es una zona pobre, sin recursos, ni posibilidades de resolver sus propios problemas”, completa.
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