(ZENIT – 30 mayo 2019).- La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana condena la muerte de 30 personas privadas de libertad en las Instalaciones de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, Estado Portuguesa, y otros tantos que resultaron heridos en este lugar la noche 24 de mayo de 2019.
Las autoridades venezolanas confirmaron el 25 de mayo de 2019 la muerte de al menos 29 detenidos y declararon que 19 policías resultaron heridos tras un motín e intento de fuga en un centro de detención policial en la localidad de Acarigua, en el oeste del país.
En este contexto, el obispo venezolano Mons. Roberto Lückert León y el sacerdote Saúl Ron Braasch, Presidente y Vicario General de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, respectivamente, hacen un llamado al Estado para que “adopte medidas inmediatas que garanticen la vida y la integridad de las personas detenidas”.
Investigaciones correspondientes
Asimismo, piden que se “inicie, a través de las instancias pertinentes las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales que bien, por acción u omisión hayan promovido y suscitado estas muertes que además de ser crímenes, son violaciones flagrantes a los Derechos Humanos”, señalan en un comunicado emitido el 30 de mayo de 2019.
“La custodia y el orden interno de los establecimientos penitenciarios no puede ser concedido o delegado por las autoridades estatales a particulares”, sostienen los obispos, “específicamente a otras personas privadas de libertad que mediante la coacción y el ejercicio del terror mantengan un orden basado en la extorsión a los reclusos y sus familiares, en el ejercicio de la violencia y en diversos comercios ilícitos como el de estupefacientes, armas y otros”.
Garantizar los derechos humanos
Dicha Comisión del Episcopado Venezolano recuerda nuevamente a las autoridades del Estado que es su deber indeclinable “garantizar y respetar todos y cada uno de los derechos humanos de la población privada de libertad, la cual se encuentra bajo su cuidado y cuido”, uno de los grupos más vulnerables de la población.
Los prelados añaden que “corresponde a las autoridades garantizar el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, las autoridades están obligadas categóricamente a no permitir el ingreso de armas a los penales, a ejercer mediante personal profesional calificado en la materia el orden y la disciplina interna de modo de garantizar la vida y la integridad física de todos y cada uno de los reclusos y a asegurarse de que se mantenga la adecuada disciplina y orden interno para que se cumpla la reeducación y la reinserción social”.
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