“Migrar no es un crimen criminal, es un gobierno que reprime migrantes”. Es el contenido de una manta mediante la cual un grupo de migrantes centroamericanos y caribeños han querido protestar contra las políticas migratorias de México en los últimos años.
Cierto, la mayor parte de los migrantes procedentes de Centroamérica se dirigen a Estados Unidos, pero con el cierre de fronteras, la pandemia y la vuelta a la política estadounidense de “Quédate en México”, muchos de ellos han decidido buscar asilo en el país o, cuando menos, que se les respeten sus derechos mediante un trato humanitario.
Pero han encontrado la misma cerrazón que antaño encontraban en Estados Unidos. Para muchos la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) ha dejado su lugar en el Río Bravo y se ha concentrado –en forma de Guardia Nacional Mexicana—en la frontera sur de México.
Las tragedias no paran
Las imágenes de la Guardia Nacional golpeando y deteniendo violentamente a un numeroso grupo de migrantes –que incluían a mujeres y niños, junto con ancianos—han dado la vuelta al mundo, borrando la opción humanitaria que había ofrecido, en principio, el régimen actual de México.
Al conmemorarse un año de la matanza de Camargo (22 de enero de 2021) en la que policías estatales masacraron e incineraron a 17 migrantes guatemaltecos y a dos traficantes de personas, lejos de disminuir el acoso a los migrantes, se ha intensificado en el país. Y las migraciones no cesan
Esta semana, por ejemplo, 388 migrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos en dos operativos realizados en el estado mexicano de Veracruz. Las personas detenidas viajaban hacinadas al interior de una caja de trailer.
Exactamente la misma situación en que viajaban el 9 de diciembre de 2021, hacinados en la caja de un trailer, 160 migrantes irregulares cuando éste chocó contra un puente peatonal en una carretera de Chiapas, dejando 56 fallecidos, en su mayoría guatemaltecos.
Exigencia de libre tránsito
Los migrantes en su travesía por México enfrentan numerosos peligros ante el acecho de criminales y de traficantes de personas que los trasladan en condiciones infrahumanas, además de las amenazas de las autoridades encargadas del orden, de migración y de la Guardia Nacional.
Más de 190.000 personas sin papeles fueron detectadas en México entre enero y septiembre de 2021, el triple que en 2020. Unos 74.300 han sido deportados. Y las protestas, sobre todo en la ciudad fronteriza de Tapachula (Chiapas) con Guatemala, han vuelto a regresar con más fuerza.
La exigencia de sudamericanos, centroamericanos y haitianos, que protestan frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración, cuyos inmuebles fueron resguardados por miembros de la Guardia Nacional, es la misma: libre tránsito para seguir al norte.
“Nosotros no nos queremos quedar en México, no queremos esperar, no nos pueden obligar a quedarnos aquí. Nuestros hijos tienen derechos a estudiar y ellos no nos lo pueden garantizar. Sólo queremos avanzar”, dijo una mujer hondureña durante la protesta del jueves 20 de enero, palabras que resumen la totalidad de la situación.
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