La grave situación en el Chocó y el occidente de Antioquia exige una respuesta eficaz. La población sigue sufriendo las consecuencias.
El departamento del Chocó, en la costa pacífica de Colombia, históricamente ha tenido los más altos índices de pobreza. Esto con todo lo que ello conlleva para sus habitantes, quienes han sufrido, además, por la violencia, la corrupción y el olvido de los gobiernos.
A finales del año pasado, la Iglesia católica, otras iglesias y organizaciones sociales y etnicoterritoriales presentaron un completo informe. Lo hicieron sobre la grave crisis humanitaria y de derechos humanos, fruto de seis misiones humanitarias en la región. Hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno nacional.
Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, explicó que por esta razón han pedido “una reunión de alto nivel con la Presidencia, otros niveles del Estado y garantes de la comunidad internacional para exponerles directamente lo que encontramos y para hablar de la grave situación que se está viviendo en el territorio”.
Una respuesta integral y urgente
En diálogo con periodistas en la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), el obispo tomó la vocería de sus compañeros que realizan misión pastoral en la zona. Para ello cifras concretas:
“El año pasado el 72% de la población chocoana estaba en riesgo por la violencia y actualmente el 77% está en riesgo por la violencia, según la Defensoría del Pueblo. Necesitamos que haya real empatía social del gobierno hacia los territorios”.
Esperan los pastores de la Iglesia católica y las demás organizaciones que la solución no continúe centrada en la militarización del territorio. Esperan que se aborden los problemas sociales de fondo, plasmados en los índices más altos del país en términos de desempleo, analfabetismo y homicidios.
“Nos preocupa que la respuesta del Estado ante la grave situación social, visibilizada a través de las misiones humanitarias, sólo tenga una respuesta de negación que pueda contener en el fondo la intencionalidad de silenciar lo que está ocurriendo en el Chocó y occidente de Antioquia”, dicen en la carta enviada al presidente colombiano, Iván Duque. La misma había sido mandada a finales del pasado mes.
Las denuncias se hicieron en el informe Misiones humanitarias en el Chocó y occidente de Antioquia. Informe colectivo sobre la grave crisis humanitaria y de derechos humanos. Ahí indicó la relación que tendrían algunos miembros de la fuerza pública con el Clan del Golfo, para permitir la libre circulación de actores ilegales en la zona.
Ante eso, monseñor Barreto añadió:
“La fuerza pública nos ha pedido que nos retractemos o que ampliemos la información, con lo cual no estamos de acuerdo por nuestra posición de sociedad civil y han colocado una tutela diciendo que estamos afectando su buen nombre”.
La acción de tutela a la que se refiere el prelado fue interpuesta por el comandante de la XV Brigada del Ejército Nacional. Estaba dirigida directamente a él como persona natural (no a los colectivos que elaboraron el informe). Se hacía por “supuesta violación del derecho al buen nombre y a la honra de la Fuerza Pública”. Fue fallada a favor de monseñor Obando.
Seguirán adelante
La grave situación, que no es nueva, afecta a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que habitan el territorio. Debido a esto avanzan grupos armados ilegales que imponen sus normas. También reclutan menores, amenazan y asesinan líderes comunitarios, lo que obliga a la población a desplazarse o confinarse.
Sobre la responsabilidad y falta de liderazgo de los dirigentes políticos de la región, monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina-Tadó, aseguró:
“Gran parte de la dirigencia política del departamento ha aprendido eso y lo ha aprendido porque teniendo ellos la posibilidad de tomar la vocería de dignidad del pueblo chocoano, muchos no lo hacen sino que se han metido en el ritmo de la corrupción y de los intereses personales”.
Los obispos aseguraron que, a pesar de las dificultades, de no existir interés del Gobierno en soluciones de fondo a la crisis humanitaria, las iglesias y demás organizaciones continuarán en esta labor. Lo harán sin miedo. Para ello seguirán llevando, a pesar de oposiciones, la esperanza de Dios a quienes tanto la necesitan.
“Ante la verdad tan evidente de los hechos y las comunidades que se expresan con tanta contundencia, no hay necesidad de temer. Habría que perseguir a todas la comunidades”, manifestó monseñor Hugo Torres, obispo de Apartadó.
Nota de redacción:En las últimas horas la CEC emitió un nuevo comunicado con énfasis en el cese al fuego en Colombia. Esto de car a las elecciones de los próximos meses. En lo previo también se había enviado un mensaje sobre el año electoral (ver completo aquí).
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