La regulación general es establecida por el Gobierno, pero son las 17 Comunidades Autónomas quienes deben desarrollar los detalles por tener las competencias.
Una vez que se ha completado esta segunda fase, la Comisión Episcopal para la Educación de la CEE ha decidido valorar la situación en su conjunto.
En primer lugar, reiteran que la regulación nacional de la LOMLOE “no es del todo satisfactoria” por su falta de consenso social y haber sido tramitada de urgencia en plena pandemia.
También por eliminar su validez académica en los cursos superiores de cara a la Universidad y que no se prevea una materia equiparable alternativa.
Los Obispos también critican la limitación al máximo de la carga lectiva de la asignatura y la reducción a una hora semanal.
Con este panorama general, las Comunidades Autónomas han regulado de forma dispar. Así, algunas han aumentado el tiempo de clase para ajustarse a la hora mínima definida por el Ministerio. Otras, han disminuido.
Los Prelados valoran también que algunos hayan comprendido “la necesidad de dotar a la asignatura de Religión de un horario suficiente”. En este sentido afirman que "sigue siendo posible una mejor consideración académica”.
Sin embargo, lamentan que “en muchos casos” no se haya aprovechado para ampliar.
También critican “la falta de consideración de la asignatura que implica el descenso significativo de horario” en algunas regiones.
Los Prelados afirman que se ha perdido “una oportunidad” de valorar de forma adecuada la Clase de Religión como un ámbito "imprescindible para que la educación escolar alcance sus fines propios".
La Comisión Episcopal acoge con pesar “la desaparición de una alternativa” a la clase de Religión que, a su entender, “sostiene el principio de no discriminación e igualdad” de los colegiales.
Los Obispos ven con "preocupación" que se penalice a quien elige Religión en Bachillerato porque incrementa su carga lectiva respecto a sus compañeros.
Hay centros donde se ofrece como alternativa, tiempo libre o de estudio extra.
Frente a esta discriminación “sería necesaria la defensa jurídica”.
Los prelados subrayan que “sigue existiendo el riesgo de una posible discriminación ilegal” a quienes eligen esta materia.
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