, 14 Dic. 22 (ACI Prensa).- La dictadura de Daniel Ortega anunció ayer que el 10 de enero será la primera audiencia pública contra el Obispo de Matagalpa (Nicaragua), Mons. Rolando Álvarez, a quien decretó arresto domiciliario y acusó de conspiración y difundir noticias falsas.
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Autoridad judicial admite acusación y decreta arresto domiciliario por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. https://t.co/s9mjpwz5XO
Mons. Álvarez ya se encontraba bajo detención domiciliaria en Managua desde finales de agosto, luego de ser secuestrado el 19 de ese mes de su casa en Matagalpa, la cual estuvo cercada por policías durante quince días.
Sin embargo, recién después de más de 110 días el régimen de Ortega, cuya vicepresidenta es su esposa Rosario Murillo, presentó cargos contra el Prelado.
En un comunicado, la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua informó que el 13 de diciembre “en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, se admitió acusación presentada por el Ministerio Público” contra el Obispo de Matagalpa.
Al Prelado se le acusó “por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”.
Según informó el medio nicaragüense El Confidencial, con estos mismos cargos “la dictadura ha condenado a más de 40 presos políticos”.
En la nota de prensa, se indicó que a Mons. Álvarez se la ha nombrado un defensor de oficio, se le “decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023”.
En la misma causa se ha acusado al P. Uriel Antonio Vallejos, sacerdote que dirigía el Canal y Radio Católica de Sébaco –cerrado por la dictadura el 1 de agosto– y que actualmente está exiliado.
El organismo judicial ha declarado al P. Vallejos “prófugo de la justicia” y ha solicitado su captura a la Interpol.
En los últimos meses la dictadura de Nicaragua ha incrementado su persecución contra la Iglesia Católica, que se ha constatado no solo en la detención de Mons. Álvarez, sino también en el arresto y exilio de varios sacerdotes, la expulsión del Nuncio Apostólico y de congregaciones religiosas, así como el cierre de varios medios de comunicación católicos.
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