Ocho colegios y unos treinta docentes de Buenos Aires (Argentina) manifestaron su apoyo al Colegio Santa Marta de la Provincia de Salta luego de que este fuera multado por incurrir en un supuesto acto de discriminación hacia cuatro alumnos del establecimiento.
El Colegio Santa María (Salta) es “sometido en estos momentos a un verdadero linchamiento mediático, judicial y político, por parte de quienes defienden el totalitarismo de género, vulnerando los derechos a la libertad de enseñanza, a la libertad contractual y a la libertad civil en materia religiosa” manifestaron.
“Los ataques reiterados que vienen sufriendo los centros educativos de gestión privada por parte del llamado ‘colectivo LGBT’ nos muestran la mentalidad totalitaria de sus activistas y de la ideología de género”, agregaron.
En septiembre de 2018, el alumno de cuarto año del Colegio Santa Marta, Santiago Coraita, recibió un llamado de atención de un profesor por llevar una pulsera del colectivo LGBT y fue obligado a sacársela.
El estudiante se opuso y fue llamado a la dirección del colegio. Según la versión del padre, el joven fue indagado “sobre temas personalísimos” dijo al diario la Gaceta de Salta.
Tras el hecho, supuestamente algunos compañeros se solidarizaron con el joven y difundieron una foto por redes sociales en la que mostraban sus antebrazos pintados con los colores de la bandera LGTB haciendo gestos obscenos.
A través de un comunicado, el Colegio Santa Marta explicó que Santiago Coraita “manifestó libremente su identidad de género”, se le respetó y acompañó como se hace con todos los alumnos. En cuanto a la pulsera que portaba se le permitió usarla hasta el último día de clases, haciendo con esto una excepción al reglamento interno del colegio.
El establecimiento manifestó que los cuatro compañeros de Coraita, cometieron “una falta grave contra la institución, al subir a las redes una foto con un gesto obsceno hacia el escudo del colegio y por ende al ideario institucional, junto a un insulto agraviante, foto que fue tomada en las instalaciones del mismo y difundida en las redes durante el horario escolar”.
El colegio procedió con el acta respectiva y la notificación a los padres y apoderados de los alumnos “quienes reconocieron la gravedad de los hechos y aceptaron la sanción aplicada”, es decir, la reserva del derecho de admisión que fue notificada el pasado 30 de octubre.
Sin embargo, a mediados de diciembre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta multó al Colegio Santa Marta por incurrir en lo que consideró “un acto de discriminación” contra Santiago Coraita.
En consecuencia, deberá implementar un programa de capacitación en derechos humanos "con especial énfasis en el principio de igualdad y no discriminación dirigido a directores, personal jerárquico, tutores y docentes".
Además, el ministerio provincial exigió que el colegio garantice la matrícula de los cuatro alumnos y los obligó a pagar una multa de diez veces el arancel o cuota abonado por alumno, es decir más de 170.000 pesos argentinos (unos 4.460 dólares).
“Los colegios públicos de gestión privada tienen un ideario y un acuerdo institucional de convivencia que deben ser respetados por los alumnos”, manifestaron los colegios y docentes en apoyo al establecimiento salteño.
“Los padres que eligen libremente y sin coacción alguna que sus hijos cursen la escolaridad obligatoria en un colegio privado, saben de antemano cuál debe ser la conducta de sus hijos respecto de los valores y símbolos de un colegio, de modo que no pueden acusar de injusta discriminación al establecimiento por sancionar y/o no matricular a sus hijos para el siguiente curso lectivo, cuando han cometido una falta muy grave”, precisaron.
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