Sin embargo, un reciente articulo de Michael Sainsbury para ucanews.com desde Hong-Kong revela que la falta de libertad de expresión en China ha costado cientos de vidas en la crisis del coronavirus (hoy conocido como COVID-19) en ese país y amenaza por convertirse en una pandemia global, habiéndose extendido ya al menos a cuarenta países.
En Wuhan, la población donde tuvo su origen este nuevo virus que ahora tiene en vilo a la humanidad, se habían hecho ya los primeros movimientos técnicos para contener su propagación; sin embargo el virus siguió su marcha porque se impidió a los profesionales médicos difundir la palabra.
Caso emblemático ha sido la muerte del primer denunciante de la gravedad del virus, el oftalmólogo chino Li Wenliang (34 años de edad), quien murió el pasado 7 de febrero infectado por el COVID-19 y cuya muerte ha originado una ola de protesta y la ira de millones de personas en el país más poblado del planeta.
Difundir “rumores” y ley mordaza
El enojo de la población china tiene su origen en la detención el pasado mes de diciembre de 2019 de Li y de otras ocho personas por autoridades políticas de Wuhan por andar difundiendo “rumores” supuestamente “infundados” sobre el virus, su origen, su transmisión y el peligro que contenía.
Los ocho detenidos, como Li, eran profesionales de la medicina y estaban cumpliendo su deber ético de anunciar la nueva cepa viral a la población y a las autoridades de Wuhan (una populosa ciudad de China central con 12 millones de habitantes) y a la provincia de Hubei, de la que es su capital.
Tras dos semanas de cautiverio, Li y los otros detenidos, fueron dejados en libertad. Sus captores, desde luego sin pretenderlo, simplemente obedeciendo órdenes de la rígida autoridad china ante quienes “falsean” la realidad para “provocar” pánico, también dejaron en libertad la propagación del virus que mató a uno de sus primeros denunciantes.
De hecho, las autoridades locales de Wuhan habían tipificado los dos delitos que había “cometido” Li como “hacer comentarios falsos” y “alterar el orden social”. Más aún, tras su muerte se supo que Li, junto con sus colegas del chat donde había informado del nuevo patógeno, fueron obligado a firmar una declaración en la que acordaban “guardar silencio” sobre este tema.
El propio Li compartió en línea la declaración que tuvo que firmar ante las autoridades de Wuhan: “Te advertimos solemnemente: si sigues siendo terco, con tanta impertinencia, y continúas esta actividad ilegal, serás llevado ante la justicia, ¿entiendes eso?”
Giro comunicativo sin efecto
Fiel a su metodología, el gobierno de Beijing primero bloqueó la muerte de Li durante unas horas el 7 de febrero. Empero, ante la evidencia (y el trabajo de plomería de las redes sociales) realizó un arriesgado giro comunicativo a la noticia alabando el heroísmo de Li y censurando comentarios sobre su cautiverio.
“La historia de Li –escribe Sainsbury en ucanews.com– ha subrayado los peligros mortales de la censura del régimen del Partido Comunista y su relación antagónica con la verdad”. Y el columnista agrega: “En el caso de COVID-19 y enfermedades anteriores, incluido el SARS, la gripe aviar y la gripe porcina, la censura y la falta de libertad de expresión han provocado más muertes de las que hubieran sido sin ellas”.
Sin embargo, quizá la muerte de Li no haya sido en vano: tras conocer su odisea y su deceso, un grupo de intelectuales chinos ha publicado un manifiesto pidiéndole al gobierno de su país que establezca algo que es común en muchos otros países: un día para celebrar la libertad de expresión.
La pregunta es simple: ¿lograrán derrotar la política de control y mano dura del gobierno de Xi Jinping?
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