La desmedida represión policial contra ciudadanos que necesitaban trabajar vuelve la mirada sobre una provincia sobre la que ya recaen numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos
La provincia de Formosa fue protagonista ayer de la más grave confrontación en las calles en torno a la gestión política de la pandemia que se haya vivido hasta ahora en la Argentina.
Cientos de ciudadanos salieron a las calles de la capital provincial para reclamar contra la medida de regresar a la fase más estricta de aislamiento. Todo, tras un rebrote de casos en una de las provincias que, según datos oficiales, menos habría sufrido el COVID, pero a la vez más limitó durante mayor cantidad de tiempo la libertad de circulación de las personas. Al grito de “Queremos trabajar”, se expresaron frente a la casa de gobierno, y fueron reprimidos por la policía, con balas de goma y golpes, dejando un saldo de más de 90 personas detenidas y más de 10 heridos.
Represión policial
Además de la manifestación que trascendió por la represión policial, hubo cacerolazos durante la noche, bocinazos, aplausos y banderazos, en respaldo a los comerciantes que se negaron a bajar las persianas de sus comercios. E incluso manifestaciones de solidaridad callejera en la ciudad de Buenos Aires.
En una carta de solidaridad con el obispo de Formosa, los obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal advierten que si bien “es preciso adoptar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para combatir el Covid-19, dentro de la razonabilidad y conforme al contexto de su circulación”, “de ninguna manera puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales”.
Diálogo y amistad social
En este contexto de confrontación, los prelados apostaron a “caminos para que la Iglesia junto a otros sectores de la sociedad impulsen el diálogo y la amistad social que alejen definitivamente cualquier forma de prepotencia personal o institucional, propias de otros tiempos trágicos de nuestra Patria”.
También se expresaron contra la violencia organismos internacionales como Human Rights Watch, cuyo director ejecutivo para América José Miguel Vivanco no sólo expresó su preocupación por lo ocurrido en la provincia, sino que también lo hizo por la reacción de la Secretaría de Derechos Humanos del país.
Este organismo oficial, más allá de lamentar y condenar la represión política, responsabilizó a medios de comunicación por supuestamente desprestigiar al gobierno local y “boicotear a las medidas sanitarias excepcionales” y el uso político que, a su juicio, haría la oposición de estos hechos.
Me preocupan las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza en Formosa.
También preocupa el comunicado de la @SDHArgentina. Su aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación refuerza la urgencia de nombrar un Defensor del Pueblo independiente. https://t.co/4FfNXePMzw
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) March 6, 2021
Denuncias durante toda la Pandemia
Sobre Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfran, recayeron durante los últimos 12 meses severas denuncias de violaciones contra los derechos humanos, recogidas principalmente por el periodismo, organismos internacionales de Derechos Humanos, y la Justicia.
Particularmente por las políticas de aislamiento de pacientes sospechosos o positivos de COVID ejercidas con control policial, incluso en centros de aislamientos en los que, denunciaron en medios de comunicación ciudadanos, se darían condiciones de hacinamiento y abandono.
También fueron muy cuestionadas la duración de las medidas de cierre preventivo de actividades y limitación a la circulación aún con indicadores bajos de contagio, en particular impidiendo durante meses el retorno a sus provincias de formoseños que circunstancialmente se encontraban en otras provincias. Pasaron meses para que más 8000 formoseños fueran habilitados a regresar a sus casas.
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