«Las dos Autoridades de la Santa Sede colaborarán aún más estrechamente en la identificación de los riesgos de corrupción y en la aplicación efectiva de las normas recientemente aprobadas sobre la transparencia, el control y la competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano».
Comentando el Memorando de Entendimiento, Alessandro Cassinis dijo a Vatican News que «este es otro acto concreto que demuestra la voluntad de la Santa Sede de prevenir y combatir la corrupción dentro y fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano, y que ya ha dado importantes resultados en los últimos meses».
Por su parte, el Padre Guerrero subrayó que «la lucha contra la corrupción, además de representar una obligación moral y un acto de justicia, permite también combatir el despilfarro en un momento tan difícil por las consecuencias económicas de la pandemia, que afecta a todo el mundo y afecta en particular a los más débiles, como ha recordado repetidamente el Papa Francisco».
El pasado mes de junio se aprobó el Código Único de Contratos y Adquisiciones, una ley marco que contiene normas válidas para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano sobre la transparencia, el control centralizado y la competencia en los procedimientos de adjudicación, con el fin de permitir una mejor gestión de los recursos y reducir el peligro de corrupción.
Como es bien sabido, en enero de 2019 el Papa aprobó el nuevo Estatuto de la Oficina del Auditor General en el Vaticano, elevándola a autoridad anticorrupción, fortaleciendo así sus funciones.
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