, 16 Dic. 20 (ACI Prensa).- María de Urraza, tocoginecóloga del Hospital de Florencio Varela de Buenos Aires (Argentina), explicó a los senadores la cruda realidad que se vive en los hospitales públicos con motivo de los abortos tardíos y a libre demanda.
De Urraza expuso este 16 de diciembre, en la segunda jornada informativa de las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud del Senado de Argentina.
La profesional de la salud explicó que el proyecto antivida busca “promover el aborto eugenésico” y “legitimar lo que ya realizan en los hospitales: el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional”.
Además, “ampliar la cobertura del aborto irrestricto a todo el país; aumentar la cantidad de abortos; amedrentar a los médicos que todavía nos oponemos a actuar contra las leyes de la humanidad y en contra de nuestra conciencia; y garantizar el acceso al aborto en clínicas privadas para que las mujeres de mayor poder adquisitivo no tengan que pasar por la situación de internarse en hospitales públicos”.
“En los hospitales de la provincia de Buenos Aires el aborto es libre, es decir, accesible. Cualquier mujer que quiera hacerse un aborto, se acerca a un centro de salud, firma una declaración jurada con alguna causal y aborta”, aseguró de Urraza.
“Es gratuito porque se hace en hospitales públicos. Y es seguro, según el Ministerio de Salud, que directamente no se interesa en contabilizar las complicaciones existentes en los hospitales”.
En la misma lógica abortista, “lo que no quiero ver no existe” es decir “no hubo complicaciones en los hospitales porque no las registraron” , expresó la médica, pero advirtió que “las dramáticas complicaciones por el aborto sí existen”, afirmó.
“Abortos tardíos, que más bien son partos inmaduros, en los que nos nonatos nacen vivos y generan situaciones tremendas para el personal. Abortos tardíos en las chatas o en los inodoros; fetostomía, es decir tener que desmembrar fetos; laparotomía; etcétera”, indicó.
De Urraza denunció que durante la pandemia hubo reservas de camas para los casos de aborto, mientras las embarazadas presentaron complicaciones graves por los embarazos mal controlados.
Asimismo, la médica expresó que los nuevos directores de los establecimientos de salud impusieron el “aborto irrestricto” en la mayoría de los hospitales públicos y fueron puestos estratégicamente “para amedrentarnos”.
Un jefe de servicio que no esté de acuerdo con realizar la práctica “tiene la obligación de garantizar abortos a cualquier edad gestacional. O renuncia o trata de hacer lo que puede desde su lugar, aceptando no interferir con los encargados directos de dirección a hacer los abortos”.
“Estas personas inician los abortos y reciben palmadas de dirección y los médicos de planta malpagos, sobrecargados de trabajo, la mayoría objetores terminan el trabajo sucio teniendo que hacer los raspados en su guardia”, denunció de Urraza.
La doctora dijo celebrar “que médicos a cargo de hacer abortos” estén renunciando porque llegaron al “límite” en que “no les da el estómago, ni el corazón” de terminar embarazos de 20 semanas “que si nacen vivos tienen que dejarlos morir” en una bolsa de basura.
Asimismo, criticó que a algunos les pareciera gracioso que se haya advertido que hay fetos de 24 semanas que son abortados y que a esa edad gestacional lloran.
“No es gracioso, es un horror, es absolutamente verdadero y pasa en los hospitales”, aseguró de Urraza.
De otro lado, la médica aclaró que “el Estado lo único que le garantiza a la mujer violada es el aborto” porque hay mujeres cuyas parejas las golpean y violan sistemáticamente, obligándolas a abandonar su hogar con tres o cuatro hijos.
“Si se embarazan, el Estado les hace el aborto, les da 2, 3 o 4 cajas de pastillas anticonceptivas para que no se embaracen de la violación”.
En ese sentido, la especialista en tocoginecología explicó que “el plan del Estado de aumentar los abortos en el país se está logrando con éxito”.
“El Ministerio de Salud de la provincia duplica los abortos. De todos los abortos 3% fueron por violación, el resto por razón social: ser pobres”.
De Urraza expresó que con esta ley “los médicos no podemos de ninguna manera tratar de disuadir a las pacientes de lo que por lo mínimo representa un suicidio emocional”.
“Los médicos argentinos estamos en el ranking de los peores pagos del mundo, sin vacaciones, sin aumento. Tuvimos que enfrentar la pandemia, poniendo el cuerpo, vimos a colegas morir”.
“¿Y en este contexto, a quiénes seguimos respetando nuestro juramento, que nos digan que es importante la ley del aborto? Para seguir amedrantando nuestras convicciones más íntimas convirtiéndonos en cómplices necesario del aborto. También es vergonzoso”, concluyó de Urraza.
A su turno, María González Bernardi, ginecóloga obstetra del Hospital Público de Montevideo (Uruguay), afirmó que la legalización del aborto desde el 2012 “no ha modificado la mortalidad materna en Uruguay, porque ya venía descendiendo drásticamente”.
Tampoco “disminuye su práctica”, ya que antes de la legalización había 7 mil abortos y en 2019 hubo 10.300 casos. “Es decir, el aumento ha sido notorio”.
Además, Bernardi explicó que en su país “el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto, por lo que el aborto debería ser cero”.
Sin embargo, “la legalización no eliminó la clandestinidad” ya que “mujeres por fuera del plazo legal terminan en la clandestinidad” y “existe todavía un mercado negro de misoprostol”.
González Bernardi denunció que “no se respeta el derecho de objeción de conciencia, especialmente de los médicos ginecólogos” y son discriminados en las instituciones.
En la jornada también expusieron Gabriel Flores Ciani, médico especialista en neurociencia y pastor evangélico; Evelyn Rodríguez, docente y fundadora del teléfono de ayuda 0800 provida; María Cecilia Ávila, gineco obstetra; Graciela Moya, médica genetista; María Angélica Gelli, abogada especialista en sociología jurídica; Nicolás Laferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia y .
Tramitación del proyecto del abortoEl proyecto de legalización del aborto, una de las promesas electorales del presidente Alberto Fernández, fue aprobado el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
De esa manera, el lunes 13 de diciembre el texto fue presentado por la Secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra; el Ministro de Salud, Ginés González García; y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El debate continuará mañana jueves, para en la tarde, firmar dictamen y sesionar el próximo martes 29, en un escenario de votos todavía incierto.
Cabe recordar que en abril de 2018 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de despenalización del aborto, con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.
Sin embargo, el 9 de agosto luego de un intenso debate, el Senado rechazó el proyecto por 38 votos contra 31, dos abstenciones y una ausencia.
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