VATICANO, 29 Abr. 21 (ACI Prensa).- El Vaticano exigirá, a partir del día de hoy, a todos los directivos y altos funcionarios de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, firmar una declaración jurada en la que atestigüen que no han sido condenados ni han sido investigados por delitos de terrorismo, lavado de dinero, explotación de seres humanos o evasión fiscal.
Esta medida se establece por medio de una Carta Apostólica en forma motu Proprio del Papa Francisco en virtud de la cual se establecen disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas.
Según se establece en el Motu Proprio firmado por el Pontífice, se trata de una medida que afecta a los niveles funcionales C, C1, C2 y C3, es decir, a Cardenales jefes de dicasterio y sub directores con contrato directivo por cinco años en la Curia, además de a todos aquellos funcionarios que tengan responsabilidad administrativa.
En la declaración jurada deberán afirmar “que no han recibido condenas definitivas por delitos dolosos en el Estado de la Ciudad del Vaticano o en el extranjero y que no se han beneficiado en relación con los mismos de indulto, amnistía, perdón y otras medidas similares o han sido absueltos de los mismos por prescripción”.
Deberán declarar también “que no están sujetos a procedimientos penales pendientes o, en la medida en que el declarante tenga conocimiento de ello, a investigaciones por delitos de participación en una organización delictiva; corrupción; fraude; terrorismo o relacionadas con actividades terroristas; blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas; explotación de menores, formas de tráfico o explotación de seres humanos, evasión o elusión fiscal”.
También deberán declarar “que no poseen, ni siquiera a través de terceros, dinero en efectivo o inversiones, incluidas las participaciones o intereses de cualquier tipo en empresas y negocios, en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, identificados según procedimiento de la Autoridad de Vigilancia e Información Financiera, salvo que el declarante o sus familiares hasta el tercer grado de parentesco residan en dichos países o hayan establecido su domicilio en ellos por demostradas razones familiares, laborales o de estudios”.
Declararán, asimismo, “que todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad o incluso solamente en posesión del declarante, o las compensaciones de cualquier tipo recibidas por el declarante, en la medida en que el declarante tenga conocimiento de ello, proceden de actividades lícitas y no constituyen el producto o el beneficio de un delito”.
En la declaración jurada deberán afirmar “que no tiene, hasta donde sabe el declarante, participaciones o intereses de ningún tipo en sociedades o empresas que operan con fines y en sectores contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia”.
Por último, deberán declarar “que no posee, ni siquiera a través de terceros, dinero en efectivo o inversiones, incluidas acciones o participaciones de cualquier tipo en sociedades y empresas, en países incluidos en la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales identificadas según procedimiento de la Secretaría de Economía, salvo que el declarante o sus familiares hasta el tercer grado de parentesco sean residentes en dichos países o hayan establecido su domicilio en los mismos por razones familiares, de trabajo o de estudio y se haya declarado dicha disponibilidad ante las autoridades fiscales competentes”.
Lucha contra la corrupción
Esta declaración se establece en virtud de la adhesión de la Santa Sede a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Mérida. La Santa Sede se adecúa así “a las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción en sus diversas formas”.
El Papa Francisco recuerda que “ya con la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio del 19 de mayo de 2020, titulada ‘Normas sobre la transparencia, el control y la competencia en los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano’, se establecieron medidas fundamentales para combatir la corrupción en el ámbito de los contratos públicos”.
No obstante, este nuevo Motu Proprio se hace necesario, pues la corrupción “puede manifestarse de diferentes maneras y formas incluso en sectores distintos al de las contratas, y por ello las normas y mejores prácticas a nivel internacional prevén obligaciones particulares de transparencia para las personas que ocupan puestos clave en el sector público con el fin de prevenir y combatir, en todos los sectores, los conflictos de intereses, las prácticas clientelistas y la corrupción en general”.
Para leer el Motu Proprio del Papa Francisco, acceda AQUÍ.
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