El 7 de junio entrará en vigor en el Vaticano una nueva ley fundamental -un texto que tiene valor de Constitución-, una novedad desde el año 2000. Detrás de esta nueva reforma, el deseo del Papa Francisco de hacerse con el control del Estado más pequeño del mundo, para convertirlo en un instrumento creíble de su misión
En 2020, el título de «Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano» había sido degradado, en el directorio papal, al rango de «títulos históricos» de los papas. Algunos lo habían visto como prueba de un cierto desinterés del pontífice por las 44 hectáreas de territorio de las que es soberano: ahora sabemos que esta interpretación no es la correcta.
Después de completar el gran proyecto de reforma de la Curia romana con la publicación del Praedicate Evangelium en marzo de 2022, luego de haber renovado a fondo las estructuras de su diócesis de Roma en enero pasado, el pontífice ha decidido abordar la «Constitución» de la Ciudad del Vaticano. La última versión de la Ley Básica data del año 2000 y sustituyó a la establecida en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán.
Nacido para resolver la cuestión romana y la pérdida de los Estados Pontificios, el Vaticano es un «estado patrimonial», propiedad de la Santa Sede. Dirigida por el Papa, mantiene relaciones sólo con Italia.
Al mismo tiempo, el soberano pontífice dirige la Santa Sede, principal sujeto de derecho internacional reconocido por otros países y centro espiritual de la Iglesia católica, pero también entidad jurídica que incluye a la Curia romana.
Esta misión del Vaticano no cambia en la nueva Ley Fundamental promulgada por Francisco, aunque se refuerza particularmente la dimensión de «servicio» -de la Iglesia y de la misión del Papa-, como ya se hizo en la constitución Praedicate Evangelium. Monarca absoluto del Estado Vaticano, el Papa confirma que concentra todos los poderes, pero ya no los delega.
De hecho, el texto afirma que solo delega su «función», ya sea a la Gobernación (para el ejecutivo), a la Comisión (para el legislativo), o incluso a los Tribunales (para el poder judicial). Al mismo tiempo, la Ley Fundamental refuerza claramente la autonomía de estas tres entidades, en particular frente a la Secretaría de Estado, nuevamente marginada.
Otra dinámica que se confirma con la nueva Ley Fundamental: la apertura de los cargos de líderes a los laicos, y esto incluso si la Ciudad del Vaticano ya ha sido dirigida por un gobernador laico, el Marqués Camillo Serafini, de 1929 a 1952. A partir de ahora adelante, los miembros de la Comisión, que se encargan de redactar e interpretar las leyes del Vaticano, pueden ser laicos, hombres y mujeres, mientras que estas funciones antes estaban reservadas a los cardenales.
«Cuestión de credibilidad»
Más larga que la de Juan Pablo II, la nueva ley fundamental de Francisco es también más precisa sobre las misiones que persigue el Estado pontificio. El objetivo es aclarar su situación en el panorama internacional.
Esto subraya la competencia exclusiva del Vaticano en cuestiones relacionadas con la seguridad y el orden público, la salud, el medio ambiente, el funcionamiento de su economía, sus infraestructuras y, más concretamente, los Museos Vaticanos, su principal fuente de ingresos. «Es una cuestión de credibilidad», dijo monseñor Valdrini, para quien esta reforma forma parte de la dinámica general de “purificación de la Santa Sede” deseada por Francisco. «Su objetivo es hacer del Vaticano un estado modelo», agrega.
El canonista francés destaca en particular cómo el nuevo texto es particularmente exigente en términos de ética presupuestaria, un tema crítico frente a los escándalos financieros que desacreditan fuertemente la misión de la Iglesia universal. También destaca la «modernidad» de los principios exigidos a los jueces vaticanos, imponiendo los principios de la «justicia restaurativa», que se preocupa por pensar en la rehabilitación y no se centra sólo en el castigo.
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